El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) inició este 10 de julio una acción de desalojo de operadores de minería ilegal en la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida fue anunciada como una respuesta ante la falta de garantías y apoyo por parte del Estado peruano para enfrentar la actividad minera ilícita en esta zona de la Amazonía.

Acción de autodefensa territorial

La Nación Wampís sostiene que la operación se realiza bajo el marco de su jurisdicción autónoma y en ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. La decisión fue comunicada formalmente al Ejecutivo el pasado 1 de julio, sin obtener, según el GTANW, una respuesta efectiva por parte del gobierno.

“Al negarse a actuar, el Estado peruano nos deja solos, pero no nos detiene. Como habitantes milenarios del territorio, haremos el trabajo que ellos se niegan a hacer para proteger la vida”, declaró Galois Flores Pizango, vicepresidente del GTANW.

Inacción estatal y fortalecimiento de la minería ilegal

De acuerdo con el pronunciamiento del GTANW, actualmente operan más de 30 dragas de manera ilegal en el río Santiago. La organización indígena señala que las escasas intervenciones del Estado han sido ineficaces, lo que ha permitido el fortalecimiento de redes ilegales de minería en la zona.

El GTANW también cuestiona decisiones gubernamentales como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha sido utilizado para encubrir operaciones ilegales.

Sustento legal y exigencias al Estado

La medida se ampara en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a controlar su territorio, así como en los artículos 89 y 149 de la Constitución Política. También se menciona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente el caso «Tres Islas», como respaldo al ejercicio de funciones jurisdiccionales propias.

El GTANW ha exigido al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Marina de Guerra que acompañen la acción para salvaguardar la integridad de las comunidades y garantizar un proceso pacífico. Asimismo, solicita la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y del Ministerio Público para cumplir funciones de fiscalización.

Anuncio de movilización pacífica

En paralelo, el Gobierno Territorial Wampís ha convocado una movilización pacífica en la zona afectada, con el objetivo de expulsar a los operadores ilegales y evitar situaciones de violencia similares a las ocurridas en otras regiones del país afectadas por la minería ilegal.

La organización también ha hecho un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a seguir de cerca el desarrollo de esta acción, que consideran parte de su esfuerzo por proteger la biodiversidad, los derechos humanos y el territorio ancestral.

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