La Contraloría advirtió que el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) contrató a personas naturales impedidas e inhabilitadas para proveer y prestar servicios a favor del Estado, situación que afectó la legalidad en las contrataciones públicas.
Según el informe N° 050-2024-2-5335-AOP, se evidenció que el Ejecutivo Regional realizó la contratación de personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, e inhabilitadas para prestar servicios al Estado durante el período 2023.
Se advierte que la entidad contrató a los señores: Arango Vallejos Christian Yony, Ramírez Inca Cristian Anderson, Bustamante Albites José Luis y Escalante Roca Henry Esteban, pese a que se encontraban impedidos e inhabilitados para prestar servicios a favor del Estado por condenas penales por delitos contra la administración pública.
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Esta situación afectaría la legalidad en las contrataciones públicas y el correcto funcionamiento de la administración pública.
En ese contexto, se advierte que la entidad incumplió lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva, toda vez que contrató a personas naturales.
Sanciones
El señor Arango Vallejos Christian Yony se encuentra con una sanción de destitución que inhabilita, cuyo alcance, según nota, es una sanción disciplinaria de destitución y despido, con inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años, la cual se encuentra vigente, impuesta por el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (País).
Ramírez Inca Cristian Anderson se encuentra con una sanción de inhabilitación del Poder Judicial para prestar servicios a favor del Estado, la cual se encuentra vigente por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), debido a sanciones por condenas penales por delitos contra la administración pública.
Bustamante Albites José Luis tiene dos sanciones impuestas: la primera es una inhabilitación del Poder Judicial para prestar servicios a favor del Estado, la cual se encuentra vigente por Servir, debido a sanciones por condenas penales por delitos contra la administración pública.
La segunda sanción es de inhabilitación por la Municipalidad Provincial de La Mar, por la sanción de “privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, en agravio del Estado.” En tal sentido, Bustamante Albites José Luis se encontraba inhabilitado para prestar servicios al Estado desde el 4 de marzo de 2022.
Escalante Roca Henry Esteban se encuentra con dos sanciones impuestas e inhabilitación desde junio de 2019.
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