Tres veces en diecisiete años se desechó la construcción del gasoducto al sur, y con ello, la posibilidad de que el gas de Camisea llegue a los hogares, negocios y fábricas del sur. Ni Alan García, ni Ollanta Humala, ni Pedro Pablo Kuczynski lograron hacer la obra. Y todo indica que el gobierno de Dina Boluarte tampoco quiere concluir el proyecto, paralizado por la corrupción. Hace poco, Boluarte encargó a Proinversión los estudios para hacer uno nuevo. En Cusco y el sur exigen la conclusión del gasoducto, detenido desde 2017. Y los gremios que ya hablan de protestas.

Por: José Víctor Salcedo Ccama

La caca de vaca funciona como combustible. Al arder, produce fuego rojizo, anaranjado y azulado, y desprende humo espeso y negro. El humo se convierte en hollín, ennegrece el techo y las paredes de la casa. Es grasiento y pegajoso. Entra en la nariz y la boca, se pega a la piel y la mancha.

Pasa casi lo mismo con el carbón, las ramas y las hojas secas. Me acuerdo de Margarita Cáceres en su casa de adobe, en Echarati, sentada frente a un fogón. Con un tubo metálico soplaba el fuego para avivarlo. La q’oncha era negrísima, como las pareces. El humo lo cubría todo, hacía toser y lagrimear. Margarita apareció en la portada de La República con el título: “En Camisea cocinan con leña”.

Fue hace quince años, pero la portada podría repetirse hoy sin muchos cambios. Aún se cocina con leña. Según el censo de 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en treinta y cinco de cada cien hogares de Cusco usaban leña. En el sur —entre Cusco, Apurímac, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa— veintisiete de cada cien. A nivel nacional, veintiuno de cada cien. Usar gas en estos hogares era un sueño o una excentricidad. Para el 2023, según el INEI, treinta y ocho de cada cien hogares rurales usaban leña y otros materiales contaminantes; y otros cincuenta y dos hogares intercalaban gas, leña, carbón y electricidad. Esta situación no ha cambiado desde 2016.

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El 14 de mayo se realizará un paro en el sur. El pedido al gobierno de Dina Boluarte será que concluya el gasoducto al sur, que el gas llegué, por fin, a las casas, negocios y pequeñas empresas del sur. Pero el gobierno no está interesado en hacerlo. El ministro de Energía y Minas,Jorge Montero, les dijo a los alcaldes de La Convención que no había fondos para la obra.

Se sospecha que el gobierno ha descartado el gasoducto al sur para favorecer el proyecto TGP Extensión Sur. En Cusco hay oposición a esta iniciativa; en marzo hubo un paro de dos días en rechazo. La población teme que el nuevo ducto anule el gasoducto al sur. Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, dijo que lo de TGP solo estaba en papeles, que quizás nunca se haga realidad. Pero en la CADE 2024, el gerente general de TGP, Tomás Delgado Fario, anunció una inversión de 2.000 millones de dólares para extender el ducto costero hasta Moquegua y Arequipa. Dijo que la obra aportaría 9.000 millones al PBI y generaría 20.000 empleos durante la construcción,además de 4.000 en la operación.

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La primera vez que se habló del gasoducto al sur debe haber sido en 2004. Los candidatos a presidente prometíanen campaña gas para el sur. No hubo nada después de tantos años. En el segundo gobierno del APRA, en 2008, intentaron hacer el ducto al sur. Dos años después, La Convención paralizó en protesta por las demoras. Cerraron mercados, tiendas y restaurantes. Las calles lucían vacías ylas carreteras, bloqueadas con piedras y troncos de árboles secos y otros recién cortados. Más tarde, esos troncos serían leña para los fogones.

En Kiteni, un poblado a cinco horas de Quillabamba, camino al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona dominada por el narcotráfico, un grupo había incendiado las oficinas de Transportadora de Gas del Perú (TGP). El lugar olía a humo y a quemado. Solo quedaban los esqueletos de las construcciones y la población seguía con los ánimos calientes. La Policía actuó después del ataque. Hirió a más de diez personas con perdigones en la espalda, el pecho, los brazos y las piernas. Una mujer flameaba la bandera peruana, llena de agujeros; en sus brazos tenía sarpullidos ocasionados por los perdigones.

El paro llevaba medio mes cuando el jefe de gabinete de ministros de Alan García, Javier Velásquez Quesquén, llegó a Quillabamba a escuchar a la población. Lo acompañaban ministros y funcionarios. La reunión fue tensa. Al cabo de unas horas, se firmó un acta, una de las tantas suscritas por uno y otro gobierno. Quesquén asumióel compromiso de construir un gasoducto, una planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato y una central térmica. Aseguró que el gas del Lote 88 sería para consumo exclusivo de los peruanos. El paro se suspendió al día siguiente con la publicación del decreto supremo que formalizaba los tres acuerdos.

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La historia de las promesas sin cumplir comenzó en marzo de 2008. Kuntur Transportadora de Gas presentó su propuesta para construir el Gasoducto Andino del Sur.Seis meses después, el gobierno de Alan García aprobó el proyecto y, en un mes, lo concesionó por un plazo de 30 años. El ducto de 33 pulgadas tendría 743 kilómetros.Kuntur iba a invertir 1.334 millones de dólares y entregada una carta fianza de 64 millones de dólares. La red principal recorrería desde Malvinas, en La Convención,hasta Puno, Arequipa y Moquegua. En el trayecto dejaría válvulas para los ramales a Cusco, Juliaca, Matarani e Ilo.

Hasta ese momento parecía que el viento soplaba a favor. Tal vez los problemas empezaron con la compra del 51 % de las acciones a Kuntur por parte de Odebrecht, en abril del 2011. Al poco tiempo, Kuntur quiso modificar el contrato. Le pedía al gobierno que garantizara reservas de gas para disminuir el riesgo de su inversión. Una comisión del gobierno respondió que el pedido no era legal. Las negociaciones se estancaron. Kuntur insistió, y el gobierno conformó una segunda comisión. Mientras tanto, Odebrecht absorbió todas las acciones de Kuntur. Para entonces, las negociaciones se habían congelado por completo.

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Cocinar con leña es como si el gas de Camisea no existiera. Pero sí existe. Hace dos décadas, las primeras moléculas de gas y líquidos salieron del subsuelo y llegaron a la planta compresora en Melchorita. Allí se separaron los líquidos del gas, se envasó el propano y butano en balones de diez kilos o más, y los distribuyeron a todo el país.

Los balones llegaron a Cusco y al sur. Solo quienes teníandinero podía comprarlos. Para los pobladores rurales, no alcanzaba. Ellos seguían esperando el gas barato que les habían prometido. Con los años, la paciencia comenzó a agotarse. Hoy, la gente sabe que en pocos años se agotarán las reservas. Y es posible que, cuando eso ocurra, el balón de gas siga costando ochenta soles o más de cien, cerca de Camisea, en La Convención.

“Aquí un balón de gas está llegando a ciento cincuenta soles. Tenemos que cocinar con leña, no hay de otra”, dijo Gilberto Chinchay Sánchez, jefe de Tangoshiari, un poblado matsiguenga de ciento setenta y cinco familias.

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El tiempo pasó. El segundo gobierno del APRA terminó sin que comenzara la construcción del gasoducto. En los meses anteriores, durante la campaña, el nacionalista Ollanta Humala prometió en plazas y mítines que él sí llevaría el gas de Camisea al sur. Se le creyó. Seis de cada diez cusqueños votaron por Humala en primera vuelta; en el ballotage, fueron casi ocho de cada diez. En el sur,fueron cinco de cada diez en primera vuelta; siete de cada diez en la segunda.

Poco después, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, solicitó a Proinversión incorporar en su cartera el proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”. Proinversión obedeció, a pesar de la vigencia de la concesión de Kuntur, y esta empresa renunció al proyectoa los pocos meses. Solicitó la terminación de la concesión,pidió transferir sus bienes y estudios, y la devolución de la garantía de 64 millones de dólares. El gobierno aceptó.

El Gasoducto Andino del Sur quedó sepultado y empezó el GSP. El consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás) ganó la concesión en julio de 2014. Graña y Montero se uniría después al consorcio con el 20 % de las acciones. Odebrecht tenía el 55 %; Enagás, el 25 %.

Un día, el presidente Ollanta Humala llegó a Quillabambay anunció el GSP. Junto al congresista nacionalista Hernán de la Torre y la alcaldesa de La Convención, Fedia Castro, descubrió una tela roja y apareció un tubo. Simbolizaba que el gas, por fin, llegaría a las casas, negocios y empresas del sur. La gente lo aplaudía. Humala subió sobre el tubo y, desde allí, habló y prometió, como si aún estuviera en campaña, que regresaría a inaugurar las redes de gas.

La empresa obtuvo los permisos, trasladó los tubos, removió el suelo húmedo en los valles amazónicos de La Convención, así como en las montañas rocosas de los Andes en Calca. Inició el tendido y la soldadura de la tubería principal. Pero la obra quedó en la nebulosa con el escándalo del caso Lava Jato en Brasil. Odebrecht, accionista mayoritario del consorcio, enfrentaba problemas económicos. No podía acreditar el cierre financiero dentro de los plazos. No tenía plata ni acceso a préstamos. Dejó de ser una empresa confiable para los bancos y para el gobierno peruano que decidió terminar la concesión.

Era enero de 2017. La empresa se retiró, cesó a sus trabajadores, la maquinaria fue retirada de las zonas de trabajo. Los campamentos fueron desarmados, y, en algunos almacenes al aire libre, quedaron tubos apilados. La obra tenía 37 % de avance. El gas, como las promesas, nunca llegó.

El fracaso incluía corrupción al más alto nivel. El equipo especial de la Fiscalía investigaba por colusión agravada y negociación incompatible al expresidente Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a los exministros Jorge Merino, Luis Castilla, René Cornejo y Carlos Paredes.Graña y Montero había admitido delitos en varios proyectos; Odebrecht reconoció el pago de sobornos para asegurarse el contrato de 7.328 millones de dólares.

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Nada cambió, o no mucho, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él también ganó las elecciones prometiendo gas para el sur. Su ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas) un nombre nuevo para el antiguo GSP. Proinversión contrató a la consultora Mott MacDonaldpara el estudio del trazo y las mejores condiciones. Tenía un año para hacerlo, pero no cumplió.

Según el gobierno, sería cofinanciado por el Estado, formaba parte de la política energética nacional, comprendía un sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, su costo estaba estimado en 4.320 millones de dólares. Era algo así como un ducto de respaldo o un seguro para los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Si algo le pasaba al gasoducto de TGP, el del sur garantizaría la producción de energía eléctrica. Con el gas de Camisea se produce casi la mitad de la electricidad que consumen los peruanos.

Desde que empezó a hablarse del gasoducto al sur siempre hubo opositores. Decían que no tenía viabilidad económica y que el sur no era mercado para el negocio. Hasta que se hizo rentable, cuando el gobierno aprobó el nodo energético: un proyecto con dos centrales térmicas en Mollendo e Ilo, así como una planta petroquímica. Solo faltaba hacer un análisis técnico o económico que permitiera elegir la mejor alternativa. Ese trabajo concluyó en octubre de 2020 y, desde entonces, no hubo más avances.

Tampoco se volvió a hablar del proyecto marzo pasado cuando La Convención exigió que se concluya el gasoducto al sur y empezó a hablar de protestas. Tal vez por eso, el 2 de abril, el gobierno firmó un convenio con Proinversión para que formule proyectos, desarrolle estudios técnicos y promueva la inversión privada en obras gasíferas. El mismo trabajo encargado a la consultora MottMacDonald en el gobierno de Kuczynski.

Al día siguiente, en una reunión en Cusco, el presidente de la PCM, Gustavo Adrianzén, anunció la construcción de un gasoducto regional para los cusqueños. En una primera etapa llegaría a La Convención y Anta; y en una segunda, a Apurímac y Puno. “El estudio de viabilidad estaría en seis meses y la concesión, el próximo año”, dijo Luis Natal del Carpio, director ejecutivo de Proinversión.

En esa reunión, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, enlistó nuevas promesas para Cusco: planta de fraccionamiento, microplanta de licuefacción, veinte estaciones de gas natural vehicular, 300 kilómetros de redes domiciliarias y mucho más. El dirigente de los trabajadores, Juan Castillo, no le creyó, se disgustó y anunció la protesta macrorregional para el 14 de mayo.

Dejemos el pasado. Ya se habló bastante. En el presente,nadie se preocupa en serio del gasoducto. El desinterés es total. Nadie piensa en la población del sur, en las personas que cocinan con leña en fogones.