Diversos alcaldes del Vraem han manifestado su rechazo a la reciente declaratoria de estado de emergencia dispuesta por el Gobierno central, al considerar que la medida no solo es ineficaz frente a los problemas estructurales de la zona, sino que también estigmatiza y perjudica directamente a la población local. La medida, oficializada mediante Decreto Supremo y publicada en El Peruano, entrará en vigencia a partir del 14 de agosto y tendrá una duración de 60 días. Abarca distritos de las provincias de La Convención (Cusco), La Mar (Ayacucho) y Satipo (Junín) debido a la persistente presencia del narcotráfico y organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que esta política ha demostrado ser ineficiente tras décadas de aplicación.
“Han pasado más de 30 años bajo estado de emergencia, y el Vraem sigue siendo señalado como zona peligrosa. Es hora de levantar esta medida”, expresó Héctor Dipas Torres, alcalde de Kimbiri, quien además denunció que esta situación frena el turismo y afecta la imagen del Vraem.
Dipas añadió que el Vraem tiene un enorme potencial turístico, pero las restricciones a la movilidad y el constante despliegue militar desalientan la llegada de visitantes. También criticó la cobertura de algunos medios nacionales, que —según dijo— “siguen vendiendo la idea de que aquí todo es narcotráfico, cuando la realidad es mucho más amplia y diversa”. Por su parte, Hernán Palacios Tinoco, alcalde del distrito de Pichari, señaló que la declaratoria de emergencia no ha sido consultada con los gobiernos locales ni responde a las verdaderas necesidades del valle.
“El problema del Vraem no es solo de seguridad, sino de abandono. Falta empleo, infraestructura, apoyo al agricultor. Nada de eso se resuelve con militares en las calles”, afirmó.
Palacios también advirtió que la medida genera incertidumbre entre los pobladores.
“El aumento del control militar y la restricción de libertades solo provocan temor y desconfianza. En vez de mejorar, la economía local se resiente más”, sostuvo.
La reciente medida incluye a distritos como Kimbiri, Echarate, Megantoni y Villa Virgen, en Cusco; y Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Samugari, en Ayacucho. En estas zonas, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, con algunas excepciones como Kiteni y los corredores energéticos. Mientras tanto, la población del Vraem sigue esperando políticas públicas que vayan más allá del enfoque militar y apunten al desarrollo sostenible de una región históricamente postergada por el gobierno.
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