Escribe: José Víctor Salcedo

La noche del veintiocho de junio de 2024 caía sobre Quillabamba, La Convención, Cusco. En una habitación del hospedaje Nueva Luz estaba Alexander P.I., el torso desnudo, con una niña de once años. En la habitación de al lado esperaba Alberto D.M., padre de la niña, como si no pasara nada. Según la Fiscalía, él la ofrecía a hombres a cambio de dinero. Lo hacía a través de Facebook y WhatsApp. Alexander pagó y el padre llevó a la niña desde Kiteni hasta el hotel.

Padre y cliente fueron detenidos aquella noche por la policía de investigación criminal. La denuncia había alertado que un hombre ofrecía sexo con niñas. Ambos están presos, con prisión preventiva, investigados por trata de menores.

“La trata es un delito invisible”, dice Andrónika Zans, fiscal Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, “porque no se conoce su estructura ni la forma en que se desenvuelve”. Una mujer no es víctima de trata cuando es explotada en un bar o en un club nocturno. Lo es antes: cuando alguien la capta, traslada, acoge o recepciona en un lugar bajo amenaza, por la fuerza. Usa la coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o pagos. La explotación es otro delito, con agravante de trata.

Cuando la víctima es menor de edad, no importa si fue obligada, engañada o si creyó en la promesa de un trabajo. Incluso si sabía que atendería en un bar y bebería con hombres, no deja de ser víctima. Pero, como este fenómeno es poco conocido, muchas no denuncian.

Un “negocio” redondo

El tratante ya no capta solo mediante agencias de empleo ni explota únicamente en bares o cantinas. Usa redes sociales y hoteles, como ocurrió con la niña de Kiteni. A diferencia del traficante de armas o drogas, que necesita producir, un tratante solo debe captar y usar a su víctima una y mil veces para ganar dinero. Mientras recibe millones de soles, el Estado invierte veinte céntimos por cada afectada: ni para un pan alcanza.

En zonas de minería ilegal, redes enteras captan mujeres y las explotan. Ocurre en Madre de Dios y otras regiones donde el oro destruye bosques y vidas. En los “bancobares” se hacen préstamos y se organizan borracheras. Un cliente no paga solo por una bebida, sino por la compañía de una mujer. Dice la fiscal Andrónika Zans que esa compañía tiene precio. En clubes nocturnos, a cada mujer le dan un tique por cada bebida que el cliente compra. Al final de la noche debería cobrar un porcentaje. Pero muchas veces no sucede.

En Espinar, una víctima reunió más de seiscientos tiques. Le dijeron que los guardara como ahorro. Nunca le pagaron. Le dijeron que pasó mucho tiempo con un solo cliente. Que había roto vasos. Que se fue sin avisar. Le impusieron multas y le descontaron el alojamiento y el traslado.

Y esa es solo una de las modalidades.

Hay redes que captan a menores o adultos con el cuento del trabajo bien remunerado. Dos adolescentes de Loreto cayeron en ese esquema. Los llevaron a Madre de Dios diciéndoles que cultivarían café. Les ofrecieron 20 soles diarios; el doble de lo que pagan en Loreto. Al llegar, no había cultivos de café ni de frutas: se vieron en medio de hectáreas y hectáreas de coca. Amenazados, empezaron a producir droga y luego los convirtieron en burriers. Cuando fueron internados en el Centro Juvenil de Marcavalle (Cusco), una trabajadora social se dio cuenta de que no era un caso de tráfico de drogas, sino de trata de personas.

A veces, las adolescentes ni siquiera saben que son víctimas. Dos señoritas, una de 16 y otra de 18 años, vieron un aviso para trabajar en una librería en Juliaca durante tres meses por 2000 soles. La tratante convenció a los padres y firmaron la autorización sin sospechar nada. El destino no era Juliaca.

Las chicas fueron llevadas hacia Urcos. Desde allí —les dijeron— viajarían a Madre de Dios. Durante el día usaron su celular, tomaron selfies, pasearon por la laguna. Creían que todo era parte del viaje. Al caer la tarde sintieron hambre y fueron al mercado. Pasaron por la puerta de la comisaría. En la noche las llevaron al terminal. El conductor del bus se negó a subirlas. Meses atrás la policía había hecho un operativo y advertido sobre la trata. Esa decisión las salvó.

Sin embargo, “más tarde, en la investigación, las muchachas no mostraron signos de trauma”, cuenta la fiscal Zans, “no sabían qué les había pasado. No se sintieron víctimas porque nunca entendieron el peligro”. Ese es un serio problema: muchas no huyen, no piden ayuda, no gritan, porque no saben que son víctimas.

Donde la cacería comienza

En la calle Belén, en el centro del Cusco, hay un local con las paredes llenas de avisos de empleo. Mujeres y hombres entran y salen. Llegan solas, solos. A veces de a dos, pero están tan concentrados en buscar trabajo y tomar notas que no dicen una palabra. Los únicos sonidos en el ambiente son el silencio de las personas y una música disco suspendida en el aire. “Se necesita cocinera y ayudante de cocina para un restaurante”, “Se busca señorita para atender en una tienda”, etc. Los avisos parecen pensados por una misma mente. Una jovencita, pequeña, cabello largo, ojos claros, los revisa uno por uno. Se dice que lugares como este son puntos de captación para los bares de los campamentos mineros.

Cusco es zona de captación y ruta de paso. Está entre dos zonas de explotación: Puno y Madre de Dios. De 2017 a 2025 se han denunciado 541 casos de trata. Este año, hasta junio, son 28. En 2023 fueron 92; en 2022, 84; y en 2024, 76. La Fiscalía resolvió 291 casos y, entre 2020 y 2024, logró 43 condenas.

La jovencita sigue revisando los avisos. Llama, toma nota, guarda el teléfono. Quizás consiguió empleo. Quizás cayó en manos de una red y todavía no lo sabe. O tal vez ninguna de las dos cosas. Sale del local y se pierde en medio del bullicio.

A esa misma hora, todos los días, el equipo de la fiscal Zans trabaja en numerosos casos de trata que han llegado a los tribunales, mientras afuera se reporta la desaparición de tres personas diarias. ¿Cuántas acabarán atrapadas? ¿Cuántas volverán a casa? ¿Cuántos padres y madres nunca sabrán dónde están sus hijas o hijos? ¿Cuántas desaparecerán para siempre sin que no se sepa cómo, dónde ni por qué?

¿Qué cosa soy yo para vivir así?

El documental escénico Delta, basado en investigaciones de Ojo Público y Terre des Hommes, cuenta la historia de una niña de trece años que, cansada de la ruina y las carencias en su comunidad, sale en busca de trabajo. Una mujer la lleva a Madre de Dios. Antes vio a sus padres arar la tierra y a su hermano irse a la ciudad y nunca más volver. “¿Qué cosa soy yo para vivir así?”, se preguntó y salió de casa.

En un bar del Delta, ese submundo del oro ilegal, debe vestir ropas diminutas y beber cerveza con mineros. Los acompaña a emborracharse y a satisfacer lo que llaman “bajos instintos”. En una noche bebe hasta quince botellas. Se acuesta con cuatro hombres. Los fines de semana, con seis o más. Allí circula un mito retorcido: quien se acuesta con niñas tendrá más suerte para encontrar oro. Mientras más niña, mejor.

La niña es recatada y llevada a un Centro de Acogida Residencial (CAR). A los dieciocho años sale de allí. Vuelve a casa, pero la vida la aburre. La pregunta vuelve como un déjà vu: “¿Qué cosa soy yo para vivir así?”. Toma sus cosas y regresa al Delta, donde la convencen de captar amigas o conocidas a cambio de dinero. La policía la detiene y las autoridades la juzgan.

Una ley procrimen

Entre el 30 abril al 1 de mayo de 2024, un operativo simultáneo de catorce fiscales y cien policías rescató a cinco bebés en un centro obstétrico de Curahuasi (Apurímac) y en siete domicilios del Cusco. Una red vendía recién nacidos bajo la figura de adopciones ilegales.

Eran ocho los integrantes. Uno era policía; otra, regidora de Curahuasi. Captaban a mujeres embarazadas dispuestas a vender a sus hijos. Se dice que, en casos de aborto, los fetos eran entregados a curanderos para rituales chamanísticos.

La regidora, obstetra, según la fiscal Andrónika Zans, suplantaba identidades para falsificar documentos y facilitar las ventas. Este tipo de adopciones es una forma de trata. Pese al esfuerzo de su equipo, los investigados fueron liberados. A la propia fiscal Zans la sometieron a control interno del Ministerio Público: habría cometido una irregularidad. Nadie valoró que en menos de dos días reunieran pruebas trabajando sin parar. “¿Y qué nos dice la jueza?”, señala Zans, “que no hay flagrancia”.

Por momentos, parece que un sector del Estado favorece a quienes cometen este delito. El Congreso aprobó la Ley 32108, que excluyó delitos como la extorsión y la trata de personas de la categoría organización criminal. “Esta ley disminuye la capacidad del Estado para perseguir diversas manifestaciones de crimen organizado”, advierte el abogado Aarón Medina, “vinculado, por ejemplo, a la tala ilegal, la ocupación, el tráfico inmigrantes”.

La cárcel de la adicción

Un tratante se aprovecha de quienes escapan de casa: adolescentes que se sienten abandonadas o golpeadas. Huyen porque no soportan los insultos ni la violencia en casa. Caen en manos de sus verdugos y, cuando se dan cuenta, no quieren volver por miedo. “En mi casa me va peor que acá: me tratan mal, me insultan, no valgo para nada, no tengo qué comer y encima me golpean… ya no quiero más eso y me voy”, dice Zans que dicen.

Quizás encuentren un “lugar” de escape en un bar, un club nocturno o un campamento minero. No quiere escuchar reproches: te fuiste, es tu culpa, tú te has expuesto, si no hubieras salido… “Hemos advertido que no regresan, no reportan”, dice Zans, “por temor al qué dirán”. Miedo al estigma. Miedo al señalamiento.

Cuando una víctima no se deja controlar, el tratante la golpea, la amenaza o simplemente la encierra. Pero hay algo aún más cruel: la vuelve adicta. Alcohol, cocaína, marihuana. Así, aunque escape o sea rescatada y vuelva a casa, no podrá quedarse mucho tiempo. La ansiedad la morderá por dentro. Cuando no encuentre una dosis, regresará. Las madres llegarán desesperadas: “Doctora, creíamos que estaba bien, le di todo lo que pude, pero se volvió a escapar”.  Vuelven al bar, a la cantina, al mismo agujero oscuro donde la gente se pierde y el ciclo reinicia.

“El Estado debe tener un enfoque integral hacia la víctima”, señala la fiscal Zans, “no solo rescatarla del lugar, sino hacer que sea reconocida como un sujeto de derechos”. Ese enfoque debe atender sus adicciones, ofrecer oportunidades de trabajo digno y ayudarles a reconstruir sus vidas. Ese paso todavía no se da.

Por eso, lo invisible no es solo el delito.

Es la indiferencia.

El abandono.

El estigma.

Golpes como un derechazo en el estómago.

* Informe especial publicado en alianza con Huanca York Times