La Contraloría General de la República emitió reportes sobre el desempeño administrativo actual en las obras públicas de la región cusqueña. Ante dichas alertas, el organismo supervisor detectó que el Gobierno Regional de Cusco solo resolvió el 17% de situaciones adversas. Esta preocupante cifra técnica surge de un análisis detallado sobre el control simultáneo realizado a los proyectos de inversión estatales vigentes.
La gerente Brendy Gil Ordinola lidera la Gerencia Regional de Control Cusco y expuso estos datos ante la Comisión Especial del Congreso. La funcionaria presentó la información estadística oficial durante la Decimosegunda Sesión Extraordinaria Descentralizada celebrada recientemente en la ciudad imperial del Cusco. Ella enfatizó que la falta de respuestas oportunas pone en riesgo real la ejecución exitosa de los proyectos clave del presupuesto.
Los informes indican que la rotación constante de funcionarios públicos y las deficiencias técnicas impiden la reactivación de las obras regionales. Estas demoras administrativas perjudican a miles de ciudadanos cusqueños que esperan mejoras urgentes en transporte, educación y también en servicios básicos. El presupuesto público asignado para estas labores no garantiza por sí solo el bienestar social sin una administración estatal que sea responsable.
Alarmante retraso por la deficiente atención del Gobierno Regional de Cusco
El control posterior registra solo un 40% de avance en la implementación de recomendaciones dadas por los auditores especializados. Entre los años 2023 y 2026 los peritos emitieron 409 servicios de control de naturaleza simultánea. La entidad fiscalizadora señala que el Gobierno Regional de Cusco recibió exactamente 45 informes detallados de control de tipo posterior.
Un caso emblemático de irregularidad ocurrió en la provincia de Canchis durante la licitación pública para el esperado puente Enrique Mejía. La administración regional otorgó la buena pro a una empresa privada que incumplía los requisitos de experiencia para el personal. Otros proyectos iniciaron labores físicas sin tener la libre disponibilidad de los terrenos o la acreditación necesaria de sus recursos hídricos.
Existen problemas de saneamiento físico y legal en distritos rurales específicos como los sectores de Checca en Canas y también Anasaya. La ausencia total de licencias sociales detiene actualmente los proyectos de irrigación que son vitales para el desarrollo de estas comunidades. La Contraloría General recomienda priorizar ahora los mecanismos de control preventivo para asegurar finalmente el beneficio de toda la ciudadanía regional.