La investigación por la muerte de cinco personas durante un operativo militar en Colcabamba, Huancavelica, sigue una línea que contradice la versión difundida inicialmente por el Comando Especial Vraem. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín considera que existen indicios de un posible uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de los militares que participaron en la intervención y busca determinar si se vulneraron derechos humanos.

El caso se sigue por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Entre los investigados figuran los ocho integrantes Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú que participaron en el operativo, todos bajo el mando del capitán Luis Joel Montenegro Pardo.

Los investigados son Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano, además del propio capitán Montenegro.

La intervención

Según la investigación fiscal, a las 4:14 de la madrugada del 25 de abril los militares interceptaron una camioneta Toyota Hilux de placa W4A-866 en la carretera Ayacucho–Colcabamba, a la altura del puente Milenium. El vehículo se dirigía hacia Huancayo.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta ahora, los ocupantes no habrían acatado una señal de alto y los efectivos dispararon con fusiles de asalto SCAR-L. La camioneta terminó empotrada contra un árbol.

Como consecuencia de la intervención murieron Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo; Cristian Vilcatoma Aguila (18), Jaime Bendezú Paraguay (28), Wilder Romer Sevipaucar (32) y William Núñez Soto (20).

Tres ocupantes sobrevivieron. Entre ellos se encuentra Ricardo Jampier Acuña Quispe (20), quien logró escapar saltando desde la tolva de la camioneta.

La hipótesis de la fiscalía

Para la fiscalía, las diligencias realizadas hasta el momento permiten advertir un presunto uso desproporcionado de la fuerza letal durante el operativo. Por ello, continúa recopilando información para esclarecer cómo ocurrieron exactamente los hechos.

Los fiscales buscan reconstruir las coordinaciones realizadas antes, durante y después de la intervención, establecer la cadena de mando y determinar si existieron órdenes o disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza.

Hasta ahora, como lo ha podido corroborar Huanca York Times, la investigación de derechos humanos no ha respaldado la versión inicial del Comando Especial Vraem, que sostuvo que se produjo un enfrentamiento armado.

El despliegue militar

Uno de los aspectos que analiza la fiscalía es el armamento y equipamiento utilizado por la patrulla militar.

Las actas de incautación señalan que los ocho efectivos portaban fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56×45 milímetros, equipados con sistemas de puntería óptica Aimpoint o Mepro MOR. Uno de ellos tenía además un lanzagranadas FN Herstal acoplado.

La patrulla contaba con cerca de 1,600 cartuchos distribuidos en cargadores de combate. Según las actas de incautación, la mayoría de los efectivos llevaba ocho cargadores para sus fusiles.

Entre los equipos también se registraron una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un dispositivo GPS Spot.

Además, el capitán Montenegro Pardo portaba granadas explosivas de 40 milímetros y granadas lacrimógenas e irritantes del mismo calibre.

Durante las diligencias en la escena se hallaron casquillos percutidos calibre 5.56×45 milímetros, compatibles con el armamento militar utilizado en el operativo. También se encontraron cartuchos calibre 9 milímetros, munición que no corresponde a ninguna de las armas registradas a nombre de los ocho militares investigados y cuyo origen continúa siendo materia de investigación.

La otra investigación

En paralelo, la Dirección Antidrogas (Dirandro), que también participó en la operación, aunque no estuvo presente al momento de la intervención, desarrolla una investigación sobre los posibles vínculos de algunos ocupantes de la camioneta con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según información difundida por el programa Karla de Miércoles, el chofer colombiano Nilson Montenegro habría sido captado el 9 de abril en Carabayllo (Lima) junto a Wilder José Caysahuana Estrada, alias ‘J’, presunto narcotraficante que era objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

La Dirandro sostiene que al menos dos de los cinco fallecidos tendrían vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, esta línea de investigación es independiente de la que desarrolla la Fiscalía de Derechos Humanos.

De acuerdo con las diligencias realizadas en la escena, los ocupantes de la camioneta se encontraban desarmados al momento de la intervención y no se halló droga en el vehículo.

Entre las pertenencias de las víctimas fueron encontrados más de 8 mil soles en efectivo. Además, en una mochila se hallaron más de 5 mil soles.

La fiscalía continúa recabando pericias balísticas, análisis de comunicaciones y otros elementos de prueba para determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza y establecer eventuales responsabilidades penales por la muerte de cinco personas y las lesiones sufridas por los sobrevivientes.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE