En su primer viaje como presidenta de la República, Keiko Fujimori llegó a Pumpunya, en Chongos Bajo, el 31 de julio, once días después del sismo del 18 de julio, y prometió el traslado inmediato de 500 módulos temporales de vivienda para las familias damnificadas; estas unidades serían trasladadas desde el norte del país.

Hoy, martes 18 de agosto, se cumple un mes del sismo de intensidad 5.4 que asoló Pumpunya y Keiko Fujimoto registra su primera promesa incumplida como presidenta: Solo 48 de estos módulos de viviendas están instalados en el anexo más golpeado por el movimiento telúrico.

“Estamos a 30 días de la emergencia. Sin embargo, solamente se han trasladado 48 módulos temporales de vivienda de los 500 que se dijo en un primer momento”, ratificó el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Augusto Vásquez Loaiza.

La brecha es mucho mayor. Tras el sismo del 18 de julio, el Gobierno Regional identificó 2.136 viviendas destruidas o inhabitables en siete distritos. Luego, el movimiento de magnitud 5 ocurrido el 6 de agosto amplió la emergencia a otros 13 distritos.

Ahora son 20 distritos declarados en emergencia y unas 3.500 viviendas destruidas o inhabitables, según el balance actualizado por Defensa Civil.

Frente a esta demora, en una reciente reunión convocada por el gobierno regional, los alcaldes de los distritos en emergencia acordaron solicitar una audiencia con el ministro de Vivienda para exigir un cronograma de trabajo, que explicite cuándo terminará la validación de las viviendas afectadas por el Ministerio de Vivienda y cuándo comenzarán las familias a acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), para tener certeza de que el plan de atención será cumplido. 

Demoras en la validación de viviendas inhabitables

Según Vásquez, los municipios reportaron 2.136 viviendas destruidas o inhabitables después del primer sismo. Sin embargo, el Ministerio habría validado hasta ahora solo alrededor de mil viviendas, generando una brecha que no será atendida por las casas temporales ni el bono de alquiler.

“Necesitamos que el Ministerio de Vivieinda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras”, expresó el funcionario.

La preocupación también alcanza a los alcaldes porque existe un problema práctico: necesitan demoler las viviendas inhabitables y preparar los terrenos para instalar los módulos temporales, pero antes el Ministerio debe verificar las condiciones de cada inmueble.

Si una municipalidad derriba una vivienda antes de la inspección, ya no quedaría la estructura que el Ministerio necesita evaluar.

Lluvias en el horizonte

El tiempo se convierte en otro factor de presión. Vásquez advirtió que las lluvias propias de la temporada de precipitaciones podrían llegar entre octubre y noviembre, mientras cientos de familias continúan dependiendo de carpas de emergencia como solución temporal.

“Las carpas no van a soportar las lluvias intensas”, advirtió el funcionario y consideró que los módulos temporales deberían atenderse dentro de los primeros 60 días de la emergencia. De no avanzar el proceso, planteó incluso evaluar una ampliación del estado de emergencia en los 20 distritos afectados.

Las cifras actualizadas de Defensa Civil indican que unas 15.000 personas fueron afectadas por el sismo del 18 de julio y las más de 20 réplicas que tuvo hasta ahora, entre ellas la más fuerte el 6 de agosto.

Colegios también esperan soluciones

La emergencia también golpeó a las instituciones educativas. El Ministerio de Educación informó que 68 aulas tipo domo atenderán temporalmente a escolares de las zonas afectadas: 20 ya fueron instaladas y otras 48 llegaron como parte de una operación complementaria.

Los 48 nuevos domos serán instalados en 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca, mientras se recuperan los colegios dañados por los sismos. El Ministerio de Educación señaló que estas aulas tienen capacidad para atender hasta 2.880 escolares en dos turnos.

Por su parte, la directora regional de Educación, Silvia Astete, explicó que las aulas llegan por etapas y que la DRE Junín coordina con las UGEL de Huancayo y Chupaca para acelerar su instalación. La empresa encargada asumió el compromiso de dejar las aulas habilitadas en un plazo de 15 días.

Hasta el momento, las zonas afectadas por los sismos tienen una demanda de 83 aulas temporales tipo domo.

Contraloría detectó fallas en la primera respuesta

En tanto, cuatro informes de la Contraloría General de la República identificaron deficiencias en la primera respuesta de las municipalidades de Chongos Bajo, Huayucachi, Viques y Chupuro.

En Chongos Bajo, la municipalidad no había concluido el padrón de damnificados y no contaba con usuario ni contraseña del significa Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) cuando ocurrió el sismo. En Viques, la Contraloría encontró que solo 100 de los 739 damnificados registrados habían recibido donaciones al momento de la inspección.

Los informes también identificaron retrasos en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en Huayucachi y Chupuro.

El propio Vásquez reconoció estas deficiencias y admitió que hubo falencias en el empadronamiento y la distribución de ayuda.

Ahora, un mes después, el problema entra en otra fase. La ayuda humanitaria inicial está prácticamente cubierta, pero las familias que perdieron sus viviendas todavía esperan una solución habitacional.

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