Oro Negro Compañía Minera S.A.C., otras tres empresas y cuatro personas naturales, buscan que el Poder Judicial impida la aplicación de dos ordenanzas de protección de cabeceras de cuenca y ordene a las autoridades abstenerse de excluirlas del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) o ejecutar determinadas medidas contra sus operaciones.
La demanda de amparo, presentada a fines de julio, es contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Gobierno Regional de Junín, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín. Además de Oro Negro, figuran como demandantes Tacana Energy S.A.C., Corporación Minera Mapuli E.I.R.L., Jatum Orqo E.I.R.L. y cuatro personas naturales.
«Los demandantes concentran 1,100 hectáreas tituladas y 1,100 hectáreas en trámite bajo el régimen del D.L. N.° 708, además de once inscripciones REINFO», precisa la demanda de amparo.
Las empresas cuestionan la Ordenanza Municipal 835 del Concejo Municipal de Huancayo, que declara de necesidad pública e interés provincial la protección, conservación y gestión sostenible de las cabeceras de cuenca y nacientes de las subcuencas de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Achamayo y Tulumayo, vinculadas a la cordillera del Huaytapallana.
La norma publicada en El Peruano el pasado 13 de mayo dispone además que, con esta base legal, las instituciones como el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el Sernamp y otros, «procedan con las acciones administrativas necesarias para la declaratoria de zonas intangibles de las cabeceras de cuenca y la categorización del territorio como Área Natural Protegida».
Oro Negro quiere que esta ordenanza municipal no se aplique a sus operaciones y que la municipalidad no la use para restringir sus actividades mineras y energéticas.
También Ordenanza Regional
Respecto al Gobierno Regional de Junín, las empresas solicitaron que se abstuviera de aprobar, promulgar, publicar o aplicar una ordenanza que estableciera protección especial o intangibilidad para las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Achamayo y Tulumayo, si podía restringir sus actividades económicas.
Sin embargo, el 12 de agosto, el Gobierno Regional promulgó la Ordenanza Regional N.º 435-2026-GRJ/CR. La norma declara de interés y necesidad pública regional la conservación y protección de las cabeceras de cuenca de esos cuatro ríos, que nacen en la cordillera del Huaytapallana.
Su artículo quinto precisa que la ordenanza no declara la intangibilidad de las cabeceras ni establece restricciones al aprovechamiento de recursos naturales o a actividades cuya regulación corresponde a entidades nacionales, como la ANA y el Ministerio del Ambiente.
Buscan evitar su exclusión del REINFO
En una de sus principales pretensiones, las empresas solicitan que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas se abstengan de excluirlas del REINFO o ejecutar paralizaciones, cierres e interdicciones mientras no exista un procedimiento administrativo regular, con verificación de campo y una resolución debidamente motivada y firme.
La demanda cuestiona un informe y un acta de fiscalización contra Oro Negro y objeta el pedido de exclusión de ocho registros mineros anunciados por el Gobierno Regional de Junín.
Las empresas alegan que las actuaciones de las autoridades vulneran sus derechos a la libertad de empresa, al trabajo, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, al debido procedimiento y a la seguridad jurídica.
También piden que las entidades demandadas se abstengan de ejecutar cierres, paralizaciones y otras medidas contra sus operaciones mineras y el proyecto hidroeléctrico Ginebra, de Tacana Energy, mientras no exista una resolución firme emitida dentro de un procedimiento regular.
Respuesta de las comunidades
Las comunidades campesinas de San Balvín, Antarpa Chico, San Cristóbal de Picpis, Santa Rosa de Erapata y Huanusco El Rosario presentaron el 19 de octubre un escrito ante el Juzgado Constitucional de Huancayo para solicitar su incorporación al proceso y oponerse a la demanda y a la medida cautelar.
Las comunidades sostienen que la controversia compromete sus derechos al agua, la salud, el territorio y un ambiente equilibrado. Argumentan que las ordenanzas buscan proteger las fuentes de agua y las cabeceras de cuenca, y que su eventual inaplicación expondría a la población a riesgos ambientales.
En su escrito, citan una pericia químico-toxicológica que detectó ácido cianhídrico —cianuro de hidrógeno— en muestras de agua del Yuracyacu y en órganos de truchas analizadas. También mencionan informes de laboratorio que habrían detectado metales en el agua y los sedimentos del río.
En una manifestación pública de este martes 20 de octubre, los comuneros rechazaron la afirmación de la minera de que los dirigentes o representantes comunales de Pariahuanca exigieron dinero por supuestos derechos de propiedad y uso sobre concesiones mineras.
Juzgado se declara incompetente
En una audiencia realizada este martes 20 de octubre, la jueza Doris Cajincho Yáñez, del Juzgado Constitucional de Huancayo, se declaró incompetente para resolver la demanda de amparo presentada por Oro Negro, las otras tres empresas y cuatro personas naturales con registros en el REINFO.
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