El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Palomino, advirtió sobre un presunto perjuicio generado por empresas que se adjudican licitaciones de obras públicas y que, según señaló, estarían siendo favorecidas en reiterados procesos dentro del Gobierno Regional. 

Durante su labor de fiscalización en la provincia de Sucre, Palomino denunció que el consorcio Ayacucho habría incumplido con los plazos y condiciones contractuales en la construcción de la contingencia del colegio Felipe Guamán Poma de Ayala.

En la región persisten numerosas obras paralizadas, la mayoría detenidas por irregularidades en la adjudicación, falta de supervisión e incumplimientos de las empresas.

Pese a contar con presupuesto aprobado, la obra permanece paralizada y enfrenta observaciones técnicas que, según el consejero, no tienen sustento real. El legislador regional condicionó que las mismas empresas incumplen compromisos adicionales, como ampliaciones de obras y mejoras técnicas, y que a pesar de compromisos asumidos, no se cumplen. Afirmó que desde la Comisión de Infraestructura se está impulsando un proceso de fiscalización “serio y exhaustivo” para determinar responsabilidades y frenar, lo que calificó como un patrón de favorecimiento irregular.

La Contraloría General también ha detectado perjuicios millonarios en proyectos como el canal de irrigación Cochaq-Huayllay y la carretera ARA-117 Coracora-Yauca.

Asimismo, remarcó que el caso de Sucre podría replicarse en otros proyectos, advirtiendo que es urgente mejorar los mecanismos de transparencia en el uso del presupuesto regional. Con este pronunciamiento, el consejero elevó la presión sobre el Ejecutivo regional y llevó al pleno del Consejo a respaldar las acciones de control, con el fin de garantizar que las obras públicas respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los beneficios de grupos empresariales reducidos. En los últimos años, distintas obras del GORE han estado bajo cuestionamiento por presunto favoritismo y serias irregularidades en sus procesos de licitación. Uno de los casos más sonados es la carretera Luricocha – Pacchancca, en Huanta, valorizada en más de S/ 160 millones.

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