La Contraloría General de la República reveló que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC Cusco) no respetó el aforo establecido y permitió el ingreso de más visitantes de los permitidos al Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu en los años 2021 y 2022. Esto afectó la correcta administración y la preservación de este patrimonio mundial.

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Machupicchu supera aforo en más de 14 mil visitantes y pone en riesgo su conservación

Según el Informe de Auditoria N° 066-2023-OCI, la DDC Cusco no respetó el límite de capacidad de admisión establecido para el ingreso de visitantes al recinto arqueológico. El informe indica que el Sistema de Boleto Electrónico de la entidad registró que 3 140 visitantes en exceso ingresaron a Machupicchu en el 2021 y 10 956 en el 2022. Estas cifras superan lo regulado por los decretos emitidos en esos años.

La Contraloría encontró presunta responsabilidad en cuatro funcionarios de la DDC Cusco por esta irregularidad. Se trata del ex jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu, José Bastante; el ex responsable de la Oficina de Atención la Visitantes y Servicios Turísticos, Rosa Huilcarina; el ex administrador del Sistema de Boleto Electrónico, Miguel Triveño y el actual jefe del Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones, Henry Dueñas. El informe recomienda iniciar acciones legales contra ellos.

Machupicchu sin cámaras ni vigilancia adecuada

El informe también advierte que la DDC Cusco no garantiza un control efectivo de los puntos de acceso y el recorrido de los visitantes en la ciudadela inca. Esto se debe a que el sistema de vídeo vigilancia instalado en el 2019, conformado por cinco cámaras, está inoperativo y no ha sido reemplazado.

Asimismo, se detectó que el personal de vigilancia es insuficiente para el resguardo de los 32 sectores del recinto arqueológico. Solo se cuenta con personal para 10 sectores. Esta situación genera el riesgo de daños al patrimonio.

El pasado 05 de diciembre remitieron el documento a la DDC Cusco. La entidad tiene un plazo de 20 días hábiles para implementar las recomendaciones de la Contraloría.