La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho inició una investigación preliminar tras el colapso del puente modular ubicado en Tunkimayo, obra que aún no había sido inaugurada y que debía mejorar la conectividad entre las provincias de La Mar y Huamanga. El hecho, ocurrido la tarde del último domingo alrededor de las 15:00 horas, generó gran preocupación e indignación entre los pobladores del distrito de Anco, en plena zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), debido a que la estructura metálica colapsó durante los trabajos de ensamblaje ejecutados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho (DRTC). 

Según las primeras diligencias, el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por la Fiscal Adjunta Provincial Giullianna Stephannie Enciso Pillaca y bajo la conducción del Fiscal Provincial Walter Alberto Espinoza Mavila, inició el recabo de documentos e investigaciones para determinar las causas y eventuales responsabilidades en la ejecución del proyecto. Como parte de las diligencias iniciales, la representante del Ministerio Público intervino las oficinas de la DRTC Ayacucho, donde recabó documentación vinculada al proyecto denominado “Intervención de emergencia para el restablecimiento de la transitabilidad mediante puente modular, distrito de Anco, provincia de La Mar”. Este proyecto, de reciente data y aun en ejecución, será objeto de análisis técnico y financiero para determinar si existieron irregularidades en su desarrollo. El colapso del puente Acrow, de 42.67 metros de longitud, se produjo mientras el contratista realizaba las maniobras de ensamblaje y posicionamiento del módulo principal. El incidente no dejó heridos, pero causó graves daños materiales, afectando además el kilómetro 193 del ducto principal de gas natural de Camisea, lo que obligó a técnicos de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) a verificar el estado de las instalaciones para descartar riesgos adicionales. Pobladores y testigos del hecho denunciaron una posible negligencia técnica en la obra, asegurando que no se habría considerado la inestabilidad del terreno ni aplicado medidas preventivas adecuadas.

“Esto era un peligro anunciado. La estructura no estaba bien asegurada y los trabajos avanzaban sin supervisión técnica visible”, reiteraron los pobladores que iban ser beneficiados con esta obra.

La Fiscalía Anticorrupción continúa con las investigaciones preliminares para determinar si existieron omisiones, irregularidades o actos de corrupción en la ejecución del proyecto. La caída del puente, antes siquiera de ser inaugurado, puso nuevamente bajo la lupa la transparencia y la supervisión de las obras públicas en una de las zonas más vulnerables del país.

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