Una protesta al interior del penal de Yanamilla, en Ayacucho, encendió las alarmas sobre las condiciones de reclusión en uno de los establecimientos penitenciarios más críticos del país. El pasado 11 de junio, internos asignados a la denominada “zona de meditación” protagonizaron un motín, prendiendo fuego a prendas y colchones en señal de protesta por el trato del personal penitenciario y las condiciones de reclusión.
“La protesta fue breve, pero expuso el riesgo a la salud de los internos. Afortunadamente no hubo daños graves, pero sí una clara vulneración a sus derechos fundamentales”, afirmó el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho en entrevista con Jornada.
Los reclusos exigieron más horas de patio, mejor acceso a llamadas telefónicas y un trato más digno por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La Defensoría estuvo presente para verificar que no se vulneren derechos humanos, emitir recomendaciones y supervisar la respuesta institucional.
-
Recomendados:
- Paso inédito en Santa Marta: 57 países acordaron acelerar la transición energética justa
- Persecución política: Aprueban ley de contrabando para apartar a Delia Espinoza del CAL
- Puno: Sunedu autoriza filial de la Universidad Jorge Basadre en Ilave y ampliará oferta académica
Según explicó el funcionario, la protesta se originó en una zona que antiguamente albergaba al régimen cerrado especial, un tipo de reclusión más restrictiva.
“Esta zona se usa hoy como espacio de meditación o castigo, pero no cuenta con las condiciones mínimas. Antes, los internos del régimen especial no tenían ni patio propio. Hoy esa área sigue siendo usada, pero sin mejoras estructurales”, declaró.
El problema de fondo es estructural: el penal de Yanamilla está sobrepoblado. La capacidad oficial ha sido ampliamente superada.
“Entrevistamos a 2,476 internos hace unos meses, ahora ya son más de 2,700. Hay celdas donde conviven entre 8 y 12 personas, y en algunas épocas hasta 16”, alertó el defensor. “Es un problema nacional que el INPE y el Ministerio de Justicia deben resolver”, agregó.
La Defensoría también participó en recientes requisas conjuntas con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Si bien no se hallaron elementos peligrosos ni irregulares, se confirmó el hacinamiento y el uso inadecuado de espacios destinados originalmente a regímenes especiales.
Respecto a los involucrados en el motín, el funcionario mencionó que:
“el INPE tiene procedimientos disciplinarios internos para estos casos. Será una decisión administrativa si se sancionan o no”.
Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada