La carretera prometida por el gobernador regional Wilfredo Oscorima para unir las provincias del sur de Ayacucho está paralizada desde el 6 de enero. Hasta ahora, no hay fecha oficial de reinicio, y el proyecto ha sufrido un recorte presupuestal de más de 50 millones de soles, según denunció la consejera regional Maritza Cayampi.

“Durante la campaña el señor Oscorima dijo que esta carretera era prioridad. Ya estamos a mitad de su penúltimo año de gestión y ni siquiera hay un cronograma definido”, declaró Cayampi a Jornada. “Peor aún: el presupuesto de 70 millones se redujo a 20 millones de soles  y nadie explica por qué. Se ha pedido información y no llega ningún informe”.

La carretera, clave para la conexión entre Huancapi, Sacsamarca, Lucanas y Cusco, debía ejecutarse bajo administración directa del Gobierno Regional, con la empresa consorcio Lucanas. Sin embargo, fue detenida por observaciones técnicas y no se ha transparentado el estado del proyecto. Recién en los últimos días, de forma verbal, funcionarios mencionaron que podría reactivarse el 2 de mayo, pero no hay documento oficial que lo respalde.

En el Consejo Regional, Cayampi pidió explicaciones al coordinador del proyecto y a la Subgerencia de Supervisión del GRA, pero no obtuvo respuestas concretas. Tampoco del propio gobernador.

“No solo no se ha pronunciado, sino que sigue inaugurando nuevas obras mientras deja inconclusas las que ya están avanzadas”, criticó la consejera.

El recorte presupuestal también preocupa: de los 20 millones de soles actuales, ya se han certificado más de 19.6 millones. La Comisión de Presupuesto del Consejo ha fiscalizado el tema, pero hasta hoy no existe ningún documento que sustente a qué se redirigieron los 50 millones faltantes.

 “Las provincias del sur se sienten abandonadas. Si estuviéramos más cerca de Huamanga, ya estaríamos protestando en la puerta del gobierno regional”, advirtió Cayampi.

A menos de año y medio de que termine su gestión, la promesa de Oscorima de entregar esta carretera parece desvanecerse.

“No se trata de beneficiar a un alcalde o a un partido, sino de cumplir con los ciudadanos que todos los días usan esta vía para vivir y trabajar”, finalizó la consejera.

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