Hace un año se presentó un caso que marcó un antes y un después en la seguridad alimentaria escolar: la intoxicación de 23 niños del colegio Gamaliel Churata, ubicado en Cabana, provincia de San Román. Tras consumir alimentos del programa Qali Warma, los escolares sufrieron graves efectos en su salud, pero la investigación judicial aún no ha identificado a responsables penalmente.

Los hechos se remontan al 25 de marzo de 2024, cuando los estudiantes ingirieron un arroz chaufa preparado con conservas de pollo “Don Simón”, elaboradas por Peruvian Aliment Company SAC, empresa vinculada a Frigoinca y a su propietario Nilo Burga Malca. Los síntomas –fiebre, vómitos intensos y severos dolores estomacales– obligaron a que los menores requirieran atención médica de urgencia.

La fiscal Beatriz Cahuari Durand ha señalado la carencia de pruebas concluyentes para imputar responsabilidad penal en este caso, pese a las secuelas duraderas que afectan la salud de los niños. El informe del 21 de noviembre de 2024 evidenció serias irregularidades en la investigación, como la falta de un análisis exhaustivo de las historias clínicas, lo que impide conocer el verdadero impacto de la intoxicación.

En medio de esta controversia, un informe emitido por Ronald Loza Machicao, director de Higiene Alimentaria de Diresa Puno, certificó inicialmente la aptitud de las conservas para el consumo. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores han puesto en entredicho la veracidad de dicho análisis, sugiriendo la existencia de pagos indebidos para eludir sanciones a la empresa proveedora. Además, declaraciones de Noemí Alvarado Llanos, representante de Frigoinca, han insinuado la adulteración de las conservas con aditivos y la mezcla de carne de caballo, poniendo en tela de juicio la objetividad del laboratorio Mevalab, que mantiene vínculos directos con la empresa.

El abogado César Quispe Calsín, representante legal de los escolares afectados, ha denunciado la posible impunidad del caso, criticando la falta de avances en la investigación y la tendencia a archivar el expediente sin determinar responsabilidades claras. Mientras tanto, los niños continúan sufriendo secuelas que afectan su asistencia y desarrollo académico, padeciendo inflamaciones, dolores estomacales y problemas neurológicos.

La repercusión del caso ha traspasado fronteras: el equipo legal de los afectados ha interpuesto una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un intento por evidenciar la vulneración de derechos fundamentales de los menores y exigir respuestas a nivel internacional.

Este lamentable episodio pone en evidencia las profundas deficiencias del programa Qali Warma –ahora renombrado como Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna– y la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de control alimentario para garantizar la seguridad nutricional de los escolares peruanos.

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