Después de meses de silencio, los representantes por Cusco al fin reaccionan y se ponen al pendiente del caso Sanctuary Lodge. Luis Ángel Aragón, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque, Alejandro Soto y Katy Ugarte exigen respuestas inmediatas. Los cuatro pidieron que el gobernador regional del Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, se presente ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
Solicitaron la citación al presidente de dicha comisión, Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Buscan que Salcedo explique las acciones tomadas frente a la próxima expiración del contrato del hotel Sanctuary Lodge, ubicado en Machu Picchu.
El gobernador ya anunció la recuperación del inmueble. Dijo que el contrato vence en los próximos días y que el Gobierno Regional procederá con la restitución del espacio.
Congreso entra en juego: exigen explicaciones a gobernador de Cusco por concesión del Sanctuary Lodge
La empresa Perú Belmond Hotel S.A. administra el Sanctuary Lodge. Sin embargo, logró una medida cautelar del 12º Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima. Esta medida podría prolongar su permanencia, a pesar del fin oficial del contrato en mayo.
Por eso, los congresistas exigen que el caso de la concesión del hotel Sanctuary Lodge sea tratado con claridad total. Quieren saber si el gobernador respetará la orden judicial o si intentará ejecutar el desalojo, lo que podría abrir un nuevo conflicto legal.
Esta intervención ocurre en medio de una fuerte desconfianza popular. Durante meses, la población no vio ninguna reacción de sus representantes. Ahora que el tema estalla a nivel nacional, muchos cuestionan las verdaderas motivaciones del Congreso.
Varias voces critican la demora. Se preguntan por qué los legisladores actuaron solo cuando el plazo casi expira y la tensión alcanzó su punto máximo. El contexto político complica aún más el escenario.
Los partidos que son mayoría y que tienen alianzas estratégicas en el Congreso, podrían inclinar la balanza. Algunos analistas temen que primen decisiones políticas sobre las jurídicas.
Por el momento, la solicitud aún espera respuesta. Si se aprueba, el gobernador deberá comparecer en el Congreso y explicar su estrategia. La audiencia podría dar un giro al rumbo del caso.
El conflicto sigue abierto. La sentencia judicial que respalda a Belmond tiene fuerza de ley. Sin embargo, el Gobierno Regional insiste en que la concesión terminó y que el hotel debe regresar a manos del Estado.
Mientras tanto, la población cusqueña observa con atención. Exige transparencia, respuestas claras y una solución que respete la legalidad.