La Contraloría General de la República detectó un presunto perjuicio económico de S/18 878 470 al Estado en una contratación realizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para brindar alojamiento, alimentación y salas de reuniones durante los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
El hallazgo corresponde al Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-0217-AC, que revisó las operaciones realizadas entre el 26 de febrero y el 31 de diciembre de 2025. Según el organismo de control, el perjuicio se originó por pagos efectuados con precios unitarios distintos a los establecidos en el contrato, la valorización de 43 salas de reuniones que no fueron brindadas y la falta de aplicación de penalidades por mora.
La auditoría también cuestionó el proceso de planificación de la contratación. La Contraloría señaló que el IPD conocía la necesidad de estos servicios desde el 6 de marzo de 2025, fecha en la que se instaló formalmente el comité organizador de los Juegos Bolivarianos. Sin embargo, los requerimientos fueron remitidos a las áreas técnicas de la entidad cuando faltaban 60 días calendario, equivalentes a 42 días hábiles, para el inicio del evento. De acuerdo con el informe, esta demora derivó en un procedimiento de selección no competitivo bajo la causal de situación de emergencia.
El organismo de control también identificó deficiencias en los términos de referencia. Entre ellas, señaló la ausencia de mecanismos suficientes para verificar y validar las prestaciones contratadas, lo que dificultó el seguimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, la Contraloría advirtió que no se establecieron criterios mínimos para otorgar la conformidad al plan de trabajo, documento que sustentaba el pago equivalente al 50 % del monto total contratado.
Otro de los puntos observados corresponde a las exigencias de experiencia para el proveedor. Según el informe, durante el proceso se modificaron las condiciones relacionadas con la experiencia requerida y se flexibilizaron los criterios de calificación.
Como resultado, se adjudicó el servicio a un consorcio que, de acuerdo con la Contraloría, no acreditaba experiencia en la totalidad de las prestaciones requeridas. El organismo de control señaló que el proveedor debía contar con experiencia específica y capacidad acreditada para atender de manera conjunta y simultánea los servicios de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones.
La comisión auditora identificó a siete funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad penal y/o administrativa. La Contraloría precisó que uno de ellos continúa laborando en el IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación.
Los resultados de la auditoría fueron comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes respecto de cinco funcionarios y servidores. También se notificó al presidente del IPD para que se determinen las responsabilidades administrativas que correspondan.
La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y deberá seguir los procedimientos establecidos para cada caso. Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se desarrollaron entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, con la participación de delegaciones de 17 países. El evento comprendió 41 deportes y más de 60 disciplinas.
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