IEP plantea priorizar la integridad digital para reducir discrecionalidad y prevenir irregularidades.
Durante el seminario Perú Debate 2026: Propuestas hacia un mejor gobierno, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), se informó que la corrupción genera pérdidas anuales de S/24 268 millones, equivalentes al 13 % del gasto público ejecutado, y que afecta al 67 % de la población.
El director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Jorge Morel, advirtió sobre el impacto del problema en la ciudadanía. “Dejemos de mirar el fenómeno de la corrupción como si solamente impactara en el aumento del costo de la obra o los indicadores macroeconómicos. Hay un argumento muy fuerte para decir que el costo de la corrupción se vive en la experiencia ciudadana”, señaló.
Morel indicó además que los niveles de desconfianza ciudadana responden a la ineficiencia del Estado y subrayó la importancia de diferenciar este problema de la corrupción para plantear mejores políticas públicas. “Estamos hablando de niveles de desconfianza ciudadana muy altos por temas de ineficiencia del Estado.
Propuestas para luchar contra la corrupción en Perú
Ahora, siempre podemos plantear modelos maximalistas de qué hacer para abordar este problema, pero lo cierto es que tenemos un Estado ya funcionando y que no vamos a reemplazar por otro de la noche a la mañana ni en cinco años”, explicó. En ese marco, presentó un documento de política que propone priorizar la integridad digital para enfrentar el problema de la corrupción, mediante el uso de digitalización, analítica de datos e interoperabilidad, con un piloto inicial en el sector salud.
Por su parte, la antropóloga Andrea Mejía detalló que la propuesta incluye la incorporación de este enfoque en políticas de inteligencia artificial, Gobierno Digital y Gobierno Abierto, con estándares verificables. “A nivel regional, se sugiere implementar pilotos en dos o tres regiones y transparentar información sobre atención, medicamentos y denuncias, con datos desagregados.
A nivel local, se enfatiza la necesidad de garantizar canales presenciales y alternativos para poblaciones con brechas digitales”, indicó. Asimismo, precisó que la hoja de ruta contempla acciones en distintos plazos. “La hoja de ruta incluye acciones concretas: en 100 días, definir estándares y crear un núcleo de datos; en un año, implementar el piloto y publicar un primer balance; y en cinco años, ampliar el modelo a otros sectores y fortalecer la vigilancia ciudadana”, añadió.