Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, reapareció desde la clandestinidad para rechazar su vinculación con la matanza de 13 mineros en Pataz. Acusado por la presidenta Dina Boluarte, el prófugo negó los cargos, denunció persecución política y exigió una rectificación pública en cinco días. “Yo no vuelvo al penal”, advirtió, señalando que solo se entregará con garantías plenas.
La entrevista con Cuarto Poder reveló más que un testimonio defensivo: expuso el colapso institucional frente al crimen organizado. Rodríguez alegó ser víctima de intereses empresariales y aseguró que su figura sirve de chivo expiatorio para encubrir pugnas entre mafias mineras. Afirmó conocer Pataz por negocios, pero negó estar involucrado en la masacre ocurrida en abril.
Dice que estuvo en Casma y no en Pataz
Pese a sus negativas, imágenes lo ubican en Casma la madrugada posterior a los hechos. Admitió haber estado allí, pero lo atribuyó a una noche de copas. Con antecedentes por tráfico de armas y vínculos con bandas criminales como ‘La Nueva Alianza’, ‘Cuchillo’ busca ahora lavar su imagen mientras evade la justicia continental.
Testimonios desde Pataz y ante fiscales lo colocan en el centro de una lucha violenta por el control de galerías mineras. Un colaborador eficaz asegura que su grupo, los ‘parqueros’, desencadenó el ataque mortal tras un enfrentamiento con seguridad privada. Aun así, el Estado no ha emitido orden de captura, facilitando su huida en vuelo comercial sin restricciones.
Fortuna millonaria
Rodríguez Díaz habría amasado más de 80 millones de soles mediante minería ilegal, alianzas con narcotraficantes y tráfico de armas. Su libre desplazamiento entre Perú, Colombia y Chile deja en evidencia la desarticulación del sistema judicial y migratorio.
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