Las actividades económicas formales, como el turismo, el comercio y la agricultura, generan empleo y pagan impuestos que se transforman en obras para la población cusqueña. En contraste, las economías ilegales, tales como el narcotráfico, desvían los recursos de la región, frenando el desarrollo y causando grandes pérdidas.
Mientras la economía formal crea oportunidades y mejora la calidad de vida de los habitantes, las actividades ilícitas solo traen costos y daños a la sociedad de Cusco. Actualmente, la región registra dos economías ilegales que la afectan de forma directa.
El narcotráfico y la trata de personas golpean de manera contundente a la región, impactando negativamente a la comunidad. En 2024, se registraron catorce mil cuatrocientas noventa y tres hectáreas de cultivo de coca en zonas de alto riesgo, principalmente en La Convención, Kosñipata y Camanti.
Esta actividad no solo daña a las personas, sino que también destruye los bosques y amenaza la existencia de áreas protegidas como el Parque Nacional del Manu. Estas actividades ilegales causan un gran daño ecológico, lo que afecta el patrimonio natural de la región.
La trata de personas en Cusco refleja una realidad dolorosa y preocupante, afectando a la sociedad de manera significativa. Entre 2020 y 2024, se denunciaron ciento veintisiete casos, según el Ministerio del Interior. Estas cifras colocan a la región entre las más afectadas del país.
Según la Universidad del Pacífico, la trata de personas mueve alrededor de mil trescientos millones de dólares anualmente. Esta actividad se ha convertido en la segunda más lucrativa en Perú, superando incluso al narcotráfico. A pesar de estas graves problemáticas, la percepción de la presencia de las autoridades es muy baja.
El economista Erick Chuquitapa de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) afirmó que la trata de personas afecta la salud física y psicológica de las víctimas. Muchas de ellas sufren de estrés postraumático, depresión y un profundo aislamiento social.
Los niños y adolescentes pierden años de educación, mientras que los adultos ven su futuro laboral limitado. La situación destruye sueños y proyectos personales, encerrando a las familias en un ciclo de pobreza. Este problema priva a la región de su mayor riqueza, que es el talento y la capacidad de su gente.
Superar esta situación exige medidas claras y sostenidas por parte de las autoridades. Es necesario fortalecer la presencia policial en las zonas más afectadas por la delincuencia. Según el Observatorio Nacional de la Seguridad Ciudadana, la confianza en la policía se ha deteriorado en la región.
En el año 2020, un veintiocho por ciento de los cusqueños confiaba en la Policía Nacional del Perú, pero en el 2024 esa cifra bajó a un catorce por ciento. Este gran reto requiere que las autoridades muestren resultados concretos para devolver la confianza a la ciudadanía. Con estas medidas, las economías ilegales Cusco se verán debilitadas, dando paso al desarrollo formal de la región.