La carrera por el Senado en las elecciones de 2026 ha traído de vuelta a figuras que parecían haber agotado su ciclo en la primera línea. José Antonio Urquizo Maggia, actual regidor y exministro, busca representar nuevamente a Ayacucho bajo el símbolo de Somos Perú, partido liderado por Patricia Li. Pese a haber ocupado casi todos los peldaños del poder regional y nacional, Urquizo justifica su retorno apelando a una supuesta vocación de servicio latente, aunque sus críticos le consultan directamente si su verdadera intención es recuperar influencia política perdida tras una década fuera del Parlamento. El candidato intenta proyectar una imagen de interlocutor técnico, pero su discurso se ve interrumpido por el peso de cuestionamientos que aún generan suspicacia en el electorado del sur.

Uno de los momentos más tensos de su reciente intervención fue el descargo sobre sus vínculos con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Urquizo minimizó las filtraciones telefónicas con el exjuez Walter Ríos, calificando el hecho como un simple «tema solidario» para ayudar a un litigante desposeído. A pesar de que asegura no tener una carpeta fiscal abierta, su explicación sobre la canalización de pedidos a través de secretarías judiciales deja un sabor amargo sobre las formas de hacer política en el país. Del mismo modo, su presencia en eventos oficiales junto al gobierno de Dina Boluarte y sus contratos con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) en 2024 fueron presentados por él como gestiones de articulación, negando cualquier tipo de lobby económico o cercanía irregular con el Ejecutivo.

Una propuesta marcada por la ambigüedad

El discurso de Urquizo entra en un terreno pantanoso al abordar la propia institución a la que postula. Aunque busca un escaño en el Senado, el candidato afirmó que su plan de gobierno presidencial contempla, paradójicamente, la posibilidad de cerrar el Senado debido al descrédito de la reforma bicameral impulsada por el actual Congreso. Esta postura genera una contradicción evidente: postular a un cargo cuya existencia cuestiona y tilda de trampa legal contra el referéndum de 2018. Urquizo intenta equilibrar esta ambivalencia criticando la reelección indefinida y el «golpe de Estado parlamentario» que, según él, ha permitido la repartija de ministerios y el copamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la crisis social de diciembre de 2022, la postura de Urquizo resulta esquiva para los sectores que exigen justicia por los fallecidos en el aeropuerto de Ayacucho. Si bien hoy condena los hechos y pide que nada quede impune, se le cuestiona que el partido Somos Perú ha tenido una actuación cercana al oficialismo en el Congreso actual. El candidato se desmarca de la responsabilidad de su agrupación política alegando que él no puede asumir «el activo y el pasivo» del partido que lo invitó. Finalmente, su promesa de fiscalización y de impulsar un Fondo Nacional de Reparaciones choca con la realidad de un sistema donde los parlamentarios gozan de impunidad y protección, un vicio que él mismo reconoce pero que no garantiza poder cambiar desde una cámara que nace bajo sospecha.