A menos de un mes de las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026, un informe del Observatorio de Minería Ilegal revisó los planes de gobierno de 36 partidos políticos y encontró respuestas muy distintas frente a un problema que identifica como la principal economía criminal del país. El documento, titulado La Minería Ilegal e Informal en los Planes de Gobierno 2026-2031: propuestas desde el Observatorio de Minería Ilegal, advierte que la minería ilegal tiene presencia nacional, fuerte impacto en la Amazonía y mueve más de US$4 600 millones al año.

El análisis muestra que, aunque la minería ilegal y la formalización minera aparecen en buena parte de los planes, no todos los partidos desarrollan propuestas concretas ni con el mismo nivel de detalle. En algunos casos se plantean medidas operativas, metas y cambios normativos; en otros, apenas se incluyen menciones generales o alusiones indirectas dentro de capítulos de seguridad, ambiente o economías ilegales.

Este contraste se refleja en un primer hallazgo del estudio: solo 12 de los 36 partidos políticos abordan el problema con propuestas concretas, aunque el propio informe advierte que estas siguen siendo insuficientes. En paralelo, 13 agrupaciones lo incluyen de manera declarativa, sin medidas operativas claras y con planteamientos difíciles de implementar, mientras que otras 11 no contemplan ninguna iniciativa específica sobre minería ilegal.

Partidos con propuestas más desarrolladas

Entre los planes más extensos figuran los de Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Integridad Democrática, Primero la Gente, Partido Morado, Verde y Unidad Nacional. Sus propuestas combinan trazabilidad del oro, control de insumos, inteligencia financiera, interdicción, reforma o cierre del REINFO y mecanismos de formalización para la pequeña minería y minería artesanal.

Ahora Nación, por ejemplo, plantea interoperabilidad entre registros de comercialización y producción de oro, creación de un banco de ADN mineral, unidades especializadas para investigar el desvío de insumos químicos y una meta para reducir el oro exportado sin origen verificable. En la misma línea de trazabilidad, Fuerza Popular propone culminar la implementación del SIPMMA, digitalizar trámites mediante una ventanilla única y desplegar comandos mixtos con PNP, Fuerzas Armadas, Fiscalía y SUNAT en zonas críticas.

La extensión del daño ambiental vuelve más visible la necesidad de propuestas claras. (Foto: DAR)

Avanza País desarrolla uno de los paquetes más amplios: plantea una “licencia progresiva” para formalización, sustitución obligatoria del mercurio y arsénico, plantas de beneficio certificadas, una red nacional de asistencia técnica, una unidad especializada contra minería ilegal y comercio de mercurio, además de una fuerza de tarea con inteligencia financiera y control fronterizo. También propone interdicción de dragas, control de explosivos y mayor fiscalización de transacciones sospechosas.

Integridad Democrática y Verde también destacan por priorizar la acción permanente del Estado. El primero propone reestructurar el REINFO, dar de baja a quienes no registren avances y crear un Comando Especial de Interdicción contra la Minería Ilegal en zonas como La Pampa, Tambopata, La Rinconada o el Nanay. Verde, por su parte, apuesta por formalización progresiva, fiscalización ambiental, tecnologías limpias, un comando especializado y protección a poblaciones indígenas.

Formalización, REINFO y modelos de transición

Otro bloque de partidos concentra su propuesta en la formalización o en una redefinición del REINFO. Alianza para el Progreso plantea sustituirlo por un régimen MAPE integral, con incentivos económicos, créditos, títulos claros y trazabilidad de explosivos, combustibles y mercurio; además fija como meta culminar en 2027 el proceso del REINFO y llegar en 2031 a 31 560 mineros con trazabilidad.

En el mismo eje aparecen Partido Morado, Somos Perú, Si Creo, Podemos Perú, Perú Primero, Primero la Gente y Unido Perú, aunque con matices distintos. El Partido Morado propone no volver a prorrogar el REINFO, derogarlo definitivamente y fijar una transición obligatoria de 18 meses hacia la formalización completa o la reconversión productiva. Somos Perú también plantea un cierre definitivo del registro en diciembre de 2027 y la creación de un régimen MAPE simplificado, mientras que Si Creo fija una meta de formalización plena del 90% de mineros inscritos en el REINFO para diciembre de 2026.

Podemos Perú propone una nueva ley minera con formalización integral de la pequeña minería artesanal y ancestral; Perú Primero plantea un Registro Nacional Minero Simplificado y una nueva legislación para pequeña minería y minería artesanal; Primero la Gente incluye el programa “Formalízate y Crece”, con ventanilla única, acompañamiento técnico y bancarización del dinero vinculado a minería ilegal; mientras Unido Perú habla de un censo minero, actualización de la ley de concesiones y fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental.

Menciones generales y vacíos en varios planes

El informe también identifica partidos con referencias mucho más acotadas o sin propuestas específicas sobre formalización minera. Cooperación Popular no presenta propuestas sobre REINFO o formalización y centra su enfoque en reforzar presencia estatal en territorios tomados por actividades ilícitas. Obras tampoco desarrolla propuestas sobre formalización y solo menciona la minería ilegal dentro de un listado de amenazas junto a otras economías criminales.

Mientras algunos partidos plantean reformas al REINFO, trazabilidad del oro y control territorial, otros solo aluden de forma general a la minería ilegal. (Foto: El Peruano)

En esa zona de generalidades aparecen también País para Todos, Perú Libre, Perú Moderno, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Renovación Popular y, en menor medida, Frente de la Esperanza. Algunos de ellos solo aluden a la minería ilegal como parte de un diagnóstico sobre crimen organizado, contaminación o deterioro ambiental, sin precisar instrumentos, plazos ni reformas concretas para enfrentar el problema o formalizar a los pequeños productores.

Entre la formalización y el control del delito

El documento, además, deja ver que varios partidos han optado por una lógica dual: apoyo al pequeño minero dispuesto a formalizarse y mano dura contra las mafias. Ese enfoque aparece, por ejemplo, en Libertad Popular, Fuerza y Libertad, Perú Federal, Perú Acción y Venceremos, que combinan control territorial, interdicción, persecución de redes criminales y alternativas económicas o técnicas para quienes busquen adecuarse a la normativa.

Más allá de las diferencias, el informe del Observatorio concluye con una agenda propia: fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas, impulsar trazabilidad real del oro, promover tecnologías limpias, fiscalizar obligaciones ambientales, delimitar zonas aptas para la MAPE y eliminar vacíos de impunidad vinculados al proceso de formalización. En ese sentido, el balance general no solo retrata cuánto dicen los partidos sobre minería ilegal, sino también cuán precisos —o ambiguos— son cuando se trata de responder a uno de los principales focos de criminalidad y degradación ambiental del país.

*Lee el informe aquí.

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