Fiscalía abre investigación a Walter Torres, secretario general de la FARTAC, por alojar a manifestantes de provincias en su local institucional de Cusco, durante marchas contra el gobierno de Dina Boluarte; en respuesta, el dirigente denuncia persecución política y criminalización por parte del régimen actual.
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El secretario general de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Walter Torres, denunció ser víctima de una persecución política, al igual que varios dirigentes gremiales de todo el país. El motivo es porque el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por el delito de Peculado de Uso. El cargo es por haber albergado en el local de la FARTAC, ubicado en el centro de la ciudad del Cusco, a agricultores que llegaron desde provincias para marchar contra el gobierno de Dina Boluarte.
«La FARTAC es un Tambo que beneficia a las 970 comunidades campesinas de la región, por tanto estamos para apoyarlos, pernoctar o dar abrigo. No vamos a dejar que en plena lluvia estén durmiendo en las calles. Creo que en ese aspecto es algo humanitario», dijo Torres.
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Además, señaló que el caso ya ha sido denunciado internacionalmente porque es clara la criminalización y la persecución por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Anibal Torres: «No constituye delito»
Sobre el particular, el reconocido abogado y exprimer ministro Aníbal Torres, señaló que brindar alojamiento a agricultores de provincias no es ningún delito. «La dictadura tiene el apoyo, sin duda, de la fiscalía y de un sector de la población. No constituye delito el hecho que un particular o un sindicato aloje a personas que van a marchar. Yo fui crítico con la misma iglesia católica, cuando en Lima, los feligreses que estaban en movilización no tenían que comer y dormían en la calle, no abrieron las puertas de la iglesia como lo señalaba Cristo. El amor al prójimo.», explicó.
Investigación similar enfrenta el gobernador regional Werner Salcedo por presuntamente haber autorizado el uso del estadio Garcilaso para alojar a manifestantes. Sin embargo, en el caso de la autoridad regional, sí se podría configurar el delito de peculado porque el estadio Garcilaso es un local estatal.
