El miércoles 13 de marzo, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que reduce las obligaciones de rendición de cuentas en el delito de trata de personas. Es decir, el premier, el Ministro del Interior y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no tendrán que acudir al Pleno del Congreso para informar sobre los avances en la lucha contra ese delito. 

La aprobación de este proyecto, según comentó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS, obedece a un profundo desconocimiento de todas las aristas de la trata de personas.

La transversalidad del delito de trata de personas

“Hay una falta de compresión por parte del Congreso de la República de la dimensión de la trata de personas en el Perú”. Valdés habló de la visión sesgada que tienen los parlamentarios acerca del delito, resaltando su transversalidad. 

“El problema de la trata de personas es absolutamente transversal a lo que ocurre en el Perú. Este es un fenómeno social, criminal, económico y laboral. Es un fenómeno muy complejo”. También mencionó las múltiples comisiones abarcadas por el delito.

Importancia en la presencia de las autoridades

“Es importante que esté el Ministro del Interior porque es quien preside la Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas”, enfatiza. 

“El congresista Muñante cree que, añadiendo al Ministerio de la Mujer, está incluyendo a un sector olvidado y eso no es verdad. La ley del año 2012 también le pedía dar cuentas a nivel de infancia y adolescencia en lo que se refiere a explotación sexual y otros delitos relacionados”. 

Mencionó, también, que la importancia del premier en el Pleno radica en el manejo que tiene su posición en todos los sectores y las comisiones representadas. Además, relacionó esto a la designación de fondos insuficientes. Manifestó que, al ser el Pleno en donde se discute el presupuesto del Estado, es necesario tener la voz del premier para revertir la cifras actuales.

Relación de  la trata con la minería ilegal y motivos detrás

Al ser consultado, Valdés señaló que no podemos pasar por alto el vínculo entre la minería ilegal y la trata de personas. Señalando también las dos vertientes del delito: la explotación sexual de mujeres en “prostibares” (prostíbulos disfrazados de bares) que dan servicio a mineros ilegales y el trabajo forzoso de hombres en las minas ilegales. 

«Están estrechamente vinculadas. Una, prácticamente, no vive sin la otra”. En base a esto, y a su relación con otros delitos, volvió a enfatizar en la necesidad de una visión integral del problema. 

Respecto a los motivos detrás, mencionó que posiblemente responda a algún interés de algunos congresistas en lo que respecta a la minería ilegal, por el caudal de votos que trae consigo.

“En el caso de la trata de personas, quiero creer que se debe a una perspectiva muy estrecha de lo que este delito implica para el país”.

¿Cómo combatir la trata de personas?

Valdés empezó mencionando la falta de financiamiento a diferentes servicios. También manifestó la necesidad de llevar la política nacional a nivel regional, para luego hacerlo de manera provincial y distrital. 

“Esto es importante porque la trata se da en territorios. Si no se llegan a establecer responsabilidades a ese nivel, la trata va a seguir impulsándose por sí misma por su rentabilidad”.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión