El Hospital Lucio Aldazábal Pauca de Huancané, iniciado con un presupuesto de S/178 millones, ya acumula S/194 millones ejecutados y requiere una ampliación de S/28 millones más, llegando a S/222 millones, según admitió el gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno, Jorge Edson Limachi Mozo.

Sin embargo, ni el gobierno regional ni el Estado garantizan su culminación, pese a que la obra solo registra un 14% de avance físico y un 39% de ejecución financiera tras casi dos años de iniciada.

«No hay fondos específicos ni seguros que cubran los sobrecostos generados por los errores técnicos y de planificación», revelan fuentes oficiales, dejando en evidencia la falta de previsión y la improvisación en la gestión pública.

El expediente técnico, aprobado en 2018 con S/141 millones, ya estaba obsoleto al iniciar la obra en 2023. «El estudio de suelos era incorrecto, los equipos médicos propuestos eran de quinta generación y hoy son obsoletos, y las normas sismorresistentes no se actualizaron», explicó Limachi.

Estos errores obligaron a seis ampliaciones presupuestales, pero ningún mecanismo legal ni fondo de contingencia cubre estos sobrecostos. La Ley de Contrataciones del Estado permite modificar contratos por imprevistos, pero no financia los errores de diseño ni la mala gestión previo a la licitación.

¿Quién paga por los errores?

El Gobierno Regional de Puno argumenta que las ampliaciones son necesarias para «corregir fallas técnicas», pero no existen fondos públicos asignados específicamente para cubrir los sobrecostos derivados de expedientes mal elaborados.

Según la Ley 28754, que busca eliminar sobrecostos en obras públicas, las entidades estatales no pueden transferir recursos adicionales si los errores son atribuibles a deficiencias en la planificación o corrupción.

«Los adicionales se pagan con el presupuesto general, pero no hay partida para cubrir la mala gestión», advierten especialistas.

Mientras la obra se paraliza, la Contraloría General de la República investiga las modificaciones contractuales, pero no hay sanciones inmediatas ni compensaciones para los ciudadanos.

«Cada adicional es un nuevo negocio para la empresa, pero un nuevo perjuicio para el Estado y la población», denuncian líderes locales, quienes exigen que se identifique y sancione a los responsables de aprobar un expediente técnico con estudios de suelo errados, equipamiento obsoleto y normas desactualizadas.

La población de Huancané, representada por dirigentes como Moisés Chipana, reclama que el Estado no puede seguir financiando errores con dinero público. «Ya se gastaron S/20 millones solo en personal y la obra avanza al 13%. ¿Dónde está el dinero?», cuestionan, mientras el Gobierno Regional de Puno promete «soluciones» sin plazos ni fuentes de financiamiento claras.

 «No hay agua, no hay equipamiento moderno y no hay garantía de que el hospital se termine», advierten, mientras el Ministerio de Salud transfirió S/88.3 millones a regiones para operatividad, pero ningún sol para cubrir los sobrecostos de Huancané.

El caso del Hospital Lucio Aldazábal Pauca es un reflejo de la crisis de infraestructura hospitalaria en Perú, donde el 96% de los establecimientos tiene deficiencias graves y los proyectos se ejecutan sin planificación ni supervisión adecuada.

 «No hay fondos de contingencia, no hay seguros que cubran errores y no hay responsables sancionados», resume un informe de la Defensoría del Pueblo. Mientras, la obra sigue paralizada, sin agua, sin equipamiento y sin fecha de entrega, mientras el presupuesto se infla sin garantías.

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