La minería ilegal en la región Huánuco no cesa en sus amenazas a la salud humana y al ambiente. Una de las zonas más afectadas es el río Marañon en la provincia de Huamalíes, que “se ha convertido en una tierra de nadie”. 

Así lo declaró a Inforegión el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, César González. El panorama genera “mucha preocupación porque hay la extracción de mineral netamente aurífero. 

Y prácticamente la zona del centro poblado de Chuquibamba, de Tantamayo, en toda esa zona prácticamente hay una falta de presencia del Estado”, alertó González. Luego, lamentó que esta situación reine de manera cotidiana. 

“A vista y paciencia de las autoridades hay instalación de dragas”, hecho que “no es admisible”, sentenció. 

“Considero que en vez de generarse operativos de interdicción debe de crearse un puesto policial en dicha zona porque es una situación netamente de carácter insostenible”, dijo González. También sostuvo que estas actividades ilícitas vienen de la mano con casos de crimen organizado. “Eso no se puede permitir”, enfatizó.

Huánuco: La minería y la seguridad

En general, el funcionario consideró que la minería en esta región es un “tema complejo”. En el rubro, lo que genera más preocupación es la explotación minera sin autorización, afirmó. 

En este caso, se trata de una actividad “constante”, pero que tiene “una especie de pausa”. Es decir, cuando hay crecida de los ríos o en época de lluvias, recordó. Sin embargo, anotó que existe gente que sigue laborando en esas circunstancias y exponen sus vidas al peligro. 

En cuanto al rubro formal, consideró que también los trabajadores deben tener todas las garantías para laborar de manera segura. La empresa a cargo tiene que velar por las medidas de seguridad básicas, por ejemplo, en el uso de explosivos, consideró. “La población y los empresarios tienen que apostar por la seguridad en vez de una situación monetaria. 

La vida no tiene precio y no puede ser reparable”, afirmó. Finalmente, recordó que las acciones de interdicción de actividades mineras ilegales están consagradas en el Decreto Legislativo n.º 1100. Su contenido faculta a las autoridades a tomar medidas para “dejar fuera de juego esa actividad que hace mucho daño a nuestro ecosistema”, acotó.

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