Escribe: Mayu Herencia – Lima Times

Distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos han expresado su rechazo y miran con preocupación el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara en su cargo el pasado 30 de abril. Lo han considerado como un «castigo» por las críticas que realizó el magistrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denominadas ‘leyes procrímenes’ y la intromisión del Congreso en el sistema de justicia.

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Incluso, antes de la arbitraria decisión, algunos organismos ya alertaban de este desenlace contra Ordóñez Alcántara, excluido finalmente de la judicatura por no «superar la evaluación referida a su conducta«, según consta en la resolución de la JNJ. A continuación damos cuenta de los cinco pronunciamientos surgidos desde la comunidad internacional, con relación al caso del juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara.

1. Relatoras de la ONU condenan decisión de la JNJ

Las primeras en pronunciarse en contra de la separación de Oswaldo Ordóñez fueron dos expertas de las Naciones Unidas. Margaret Satterthwaite y Gina Romero condenaron la exclusión del letrado y la interpretaron como una medida «disuasoria» para el conjunto de jueces peruanos. «Nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya represalia, cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país«, expresaron Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Romero, especialistas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. “Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales”, enfatizaron.

2. UIM: Un proceso de evaluación «desnaturalizado» En su momento, el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que siguió de cerca el proceso contra Ordóñez Alcántara, manifestó que la evaluación de la JNJ fue «ilegítima». En ese sentido, pidió que el procedimiento de ratificación debía dejarse sin efecto por su posible «efecto inhibidor» en otros jueces. «El Estado tiene la obligación de abstenerse de adoptar medidas que directa o indirectamente impliquen represalias contra quienes participan en mecanismos de protección de Derechos Humanos», subrayó la magistrada y presidente del Grupo Iberamericano, Adriana Orocú Chavarría. «Esta reiteración de actuaciones (de la JNJ) no solo agrava la afectación a la independencia judicial, sino que genera un efecto inhibidor para otros jueces y juezas, incompatible con un Estado constitucional de derecho», agregó.

3. DPLF y CEJIL: «Constituye un grave acto de represalia»

Por su parte, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también condenaron la decisión de la JNJ por ser un «acto de represalia» contra el juez Ordóñez tras participar en una ponencia de la Comisión IDH. El haber incluido sus declaraciones en el proceso de ratificación vulnera directamente el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, el cual protege de castigo a las personas por acudir o participar en el sistema interamericano, protestó el grupo de trabajo internacional. «Instamos a las autoridades competentes a revertir esta decisión (sobre Ordóñez) y a garantizar la plena restitución de sus derechos. (…). Exhortamos a todas las autoridades a abstenerse de adoptar, promover o convalidar cualquier medida que desincentiven la participación en el Sistema Interamericano«, manifestaron.

4. FLAM: No garantiza la independencia judicial

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) mostró su preocupación sobre la situación de Ordóñez Alcántara. Además, de que se vulneró el Reglamento de la Comisión IDH, el proceso de evaluación de la JNJ no daba las garantías para el debido proceso, según observó la agrupación que reúne a jueces de 17 países. «La eventual utilización de declaraciones realizadas ante la CIDH como fundamento para la apertura de procedimientos disciplinarios o decisiones de no ratificación no solo afectaría directamente al juez involucrado, sino que podría generar un efecto inhibidor sobre toda la judicatura», indicó la organización. «Además de la posibilidad de comprometer la responsabilidad internacional del Estado, este accionar constituye un riesgo grave para la independencia judicial, al permitir que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales sea interpretado como una conducta sancionable», resaltaron.

5. Extrema preocupación de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya veía con extrema preocupación el procedimiento de evaluación integral de desempeño que se le seguía a Oswaldo Ordóñez. Incluso, le generó extrañeza que se le incorporara su participación del 2024 como criterio para su ratificación. «Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño, del que depende la ratificación de su cargo», se pronunció en su momento la instancia internacional. «Los Estados deben proteger a toda persona que participe o aporte información en una audiencia pública. Esta obligación prohíbe cualquier juicio o represalia como consecuencia de sus declaraciones», recordaron.

Pronunciamientos nacionales

En el ámbito interno hubo también pronunciamientos de preocupación y condena por parte de organizaciones de la sociedad civil y profesionales vinculados con el derecho. CAL: «Hay un patrón de hostigamiento» El Colegio de Abogados de Lima (CAL) coincidió con las instancias internacionales y rechazó «las represalias institucionales» de la Junta Nacional de Justicia. También, mostró su preocupación por incluir la crítica de Ordóñez dentro de la evaluación del magistrado. En ese sentido, la CAL alertó sobre un «patrón de hostigamiento» contra no solo el juez superior en mención sino hacia jueces y fiscales que «incomodan al poder». «Exhortamos a la Junta Nacional de Justicia a reconducir sus actuaciones conforme a los parámetros de imparcialidad y debido proceso, dejando de lado cualquier medida que genere un ‘efecto inhibido’ en la magistratura nacional», comunicaron.

JUSDEM: «Se debe eliminar el procedimiento de ratificación»

Por su parte, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha sido más enfático en su pronunciamiento. Al respecto, denunció la actuación de la JNJ en este caso «resulta incompatible con los principios de corrección funcional, independencia judicial y separación de poderes». Por ello, demandó la eliminación del proceso de ratificación, pues podría convertirse en un mecanismo de presión contra jueces. «Es inaceptable exigir a un magistrado explicaciones por el ejercicio de sus derechos fundamentales o por la expresión de posiciones jurídicas en asuntos de interés público. Ello desnaturaliza el proceso de evaluación y afecta directamente la independencia judicial», expresaron.

Exdefensores: La JNJ debe reconsiderar su decisión

Tres exdefensores del pueblo se unieron al reclamo por el fallo de la Junta contra Oswaldo Ordóñez. A través de un comunicado, Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar exigieron la restitución del juez superior y que transparenten los criterios usados en la evaluación. También demandaron a la JNJ y otras instancias del sistema judicial que ningún magistrado sea afectado o sancionado «por el ejercicio legítimo de su libertad de expresión». «Nos encontramos ante un atropello incompatible con el Estado de derecho. Sancionar a un magistrado por ejercer su libertad de expresión en un espacio internacional de protección de derechos humanos, no solo constituye una represalia inaceptable, sino que envía un mensaje intimidatorio al conjunto del sistema de justicia», manifestaron.

IDL: «Es una sanción contra Ordóñez»

El Instituto de Defensa Legal (IDL) fue más enérgico con la decisión de la Junta por no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez. Alertó que el fallo representa una «sanción» contra el magistrado por su opinión sobre el Congreso y el sistema de justicia. Consideraron que la disertación del magistrado no era partidaria ni comprometía su independencia como juez. Afirmaron que, por el contrario, el discurso de Ordóñez fue en «defensa del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática y del principio de separación de poderes». «Exigimos a las autoridades competentes la anulación inmediata de la decisión de no ratificación y el cese de cualquier forma de hostigamiento administrativo contra jueces independientes. La independencia judicial es la última garantía que tiene el ciudadano frente a la arbitrariedad», manifestó IDL.

CNDDHH: «Es un grave precedente»

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó que el caso del juez Ordóñez es una decisión «incompatible con las obligaciones internacionales del Estado peruano». «La no ratificación del magistrado, en este contexto, configura un grave precedente que compromete la independencia judicial y vulnera estándares internacionales de protección a operadores de justicia», puntualizó la Coordinadora.

* Informe publicado originalmente el portal aliado Lima Times.