La justicia peruana confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. La decisión se dio en segunda instancia, once años después de la tragedia que marcó un hito en la lucha contra la impunidad en crímenes contra defensores ambientales.

Una condena que marca precedente

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena contra Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos, y contra los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, como autores materiales del cuádruple homicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2014. Los magistrados ordenaron su inmediata reclusión penitenciaria.

Además, dispusieron incrementar el monto de la reparación civil de 50 mil a 100 mil soles para cada una de las familias de las víctimas, lo que en total asciende a 400 mil soles.

La sala evaluó nuevas pruebas, escuchó la declaración de un testigo protegido y contó con la participación del exprocurador anticorrupción José Ugaz como amicus curiae. Asimismo, se garantizó la traducción en lengua ashéninka para que los familiares comprendieran plenamente los argumentos.

Once años de lucha y resistencia

El camino hacia este fallo ha sido largo y tortuoso. El 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo emprendieron viaje hacia Brasil para participar en una asamblea indígena. Nunca llegaron, fueron emboscados, torturados y asesinados por madereros ilegales en la zona fronteriza de Ucayali.

Desde aquel día, las viudas y familiares de los líderes ashéninkas emprendieron una lucha persistente por justicia, viajando durante días para rendir testimonio y enfrentándose a un proceso judicial marcado por retrasos y apelaciones. En 2015, siete meses después de la masacre, la comunidad de Saweto obtuvo finalmente el título de sus más de 78 mil hectáreas, un objetivo por el que Chota y sus compañeros habían trabajado durante años.

En 2019, la Fiscalía formalizó la acusación contra los implicados y solicitó 35 años de prisión. Tras un proceso irregular y la anulación de un primer fallo, en abril de 2024 los acusados recibieron la sentencia que ahora ha sido confirmada en segunda instancia.

Voces de dolor y esperanza

Conmovida, Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, expresó a Aidesep: “Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”. Por su parte, la abogada Rocío Trujillo Solís, defensora de Edwin Chota, destacó el impacto del fallo:

“Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”.

Un fallo con implicancias más amplias

En los últimos años, más de 30 defensores indígenas han sido asesinados en el país, según organizaciones indígenas y de derechos humanos. El caso Saweto, al confirmar la responsabilidad de los acusados y aumentar la reparación civil, sienta un precedente para que los procesos judiciales avancen con mayor rigor y rapidez en otros casos similares.

Aunque los abogados de los sentenciados aún pueden presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, el fallo constituye un paso firme en el camino contra la impunidad y en la defensa de quienes protegen los territorios amazónicos frente a economías ilegales.

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