El expresidente de la Corte Suprema de Cusco, Uriel Balladares Aparicio calificó de “una arremetida contra el Poder Judicial” la promulgación de la “Ley Soto” que a acorta a un año la suspensión de la prescripción de toda acción penal sobre procesos judiciales librando de condenas a corruptos y delincuentes.
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El exmagistrado indicó que la mencionada norma destruye la lucha contra la delincuencia. Dijo que más bien la prescripción de la acción penal debe ser ampliada y no recortada para garantizar una adecuada investigación del delito.
“Esta ley genera un menoscabo abierto para que los corruptos y otras personas que han delinquido no sean sancionados severamente”, expresó.
Además, indicó que ante la evidencia de los grandes actos de corrupción que están saliendo a la luz, el gobierno nacional y el Congreso no deberían permitir este tipo de leyes que atentan contra la estabilidad jurídica del Perú.
“El rechazo a esta ley que beneficia a algunos actuales legisladores es masivo. Cuestionamos a fin de que se pase a modificar o derogar esta clase de normas perjudiciales”, señaló.
Asimismo, lamentó que alguna leyes estén vinculadas directamente con la administración de justicia. “Es ahí donde se quiebra el equilibrio de poderes. Ya no se respeta, por el contrario de avasalla, porque un juez frente a una ley promulgada por el Ejecutivo no tiene otra alternativa que aplicar. Por eso rechazamos ese tipo de leyes”, indicó.
Sin embargo el jurista dijo tener esperanza en que los congresistas reflexionen y recuerden que en un estado democrático se debe sancionar las conductas delictivas. Caso contrario, dijo, el Defensor de Pueblo debe actuar al respecto.
Finalmente, el magistrado de Cusco, dijo que la “Ley Soto” es contraria a los lineamientos de la Constitución Política del Perú, porque la Carta Magna orienta a sancionar todo acto delincuencial. “Los autores de delitos deben ser sancionados con la severidad de las penas establecidas en el Código Penal. A los delincuentes hay que enviarlos a la cárcel”, sentenció.