El pueblo de Machu Picchu y el Gobierno Regional del Cusco expresaron su rechazo al Proyecto de Ley N° 9234/2024-CR, presentado por el congresista Carlos Anderson Ramírez, que busca incluir al Santuario Histórico en la lista de Activos Críticos Nacionales. La iniciativa enfrenta críticas por desconocer la gestión del sitio y los compromisos internacionales asumidos para su conservación.
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La inclusión de Machu Picchu en la lista de «Activos Críticos Nacionales» podría significar una mayor injerencia del gobierno central en su gestión, lo que podría interferir en la autonomía de las autoridades regionales y locales del Cusco. Esto ha generado rechazo en la región, ya que actualmente su administración se realiza de manera descentralizada a través de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM), que involucra al Gobierno Regional del Cusco, varios ministerios y la Municipalidad de Machu Picchu.
Machu Picchu está protegido y en manos de entidades competentes
Diversas organizaciones locales y regionales reafirmaron que el Santuario Histórico de Machu Picchu ya cuenta con una administración efectiva. El Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, junto con la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM), garantizan su protección y manejo. Además, la UNESCO mantiene una supervisión constante y no ha declarado que el sitio se encuentre en peligro.
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El alcalde de la Municipalidad de Machu Picchu presentó un oficio dirigido al presidente del Congreso de la República solicitando instalar una mesa técnica para evaluar las observaciones al mencionado proyecto.
Cusco rechaza Proyecto de Ley que daría control de Machu Picchu a Lima
El Gobierno Regional del Cusco manifestó su oposición a la propuesta legislativa mediante un pronunciamiento oficial. En él, destacó que la inclusión de Machu Picchu en la lista de Activos Críticos Nacionales podría generar incertidumbre y afectar negativamente el turismo. Este sector representa una fuente fundamental de ingresos para la región y el país.
Argumentos contra el proyecto de ley propuesto por Carlos Anderson que afectaría Machu Picchu
El pronunciamiento político del Gobierno Regional del Cusco expuso cuatro razones principales para rechazar la propuesta legislativa:
- Compromisos internacionales y gestión articuladaMachu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983, se administra bajo un modelo de gestión participativa con actores nacionales e internacionales. La interferencia del Congreso en este esquema desestabilizaría los acuerdos existentes y atentaría contra la protección del sitio.
- Desconocimiento legislativo y centralismoLa propuesta ignora la autonomía de las regiones y refuerza un modelo centralista. Cusco, que aporta el 70% del PBI turístico del país, rechaza esta imposición que desconoce la descentralización y la capacidad de gestión local.
- Fallas en la administración del Ministerio de CulturaLa gestión del Ministerio de Cultura ha sido objeto de críticas por corrupción y fallos en la venta de boletos a Machu Picchu. El Gobierno Regional exige la transferencia de recursos y competencias para fortalecer la administración local del patrimonio.
- Impacto económico negativoMachu Picchu sostiene directa e indirectamente a gran parte de la población cusqueña. Cualquier alteración en su administración podría afectar seriamente la economía local y la imagen del Perú a nivel internacional.
El pronunciamiento concluye exigiendo al Congreso archivar el proyecto de ley, respetar el modelo de gobernanza de la UGM y descentralizar la administración del patrimonio cultural. Además, demanda transparencia en la gestión del Ministerio de Cultura y la rendición de cuentas sobre irregularidades detectadas en su administración.
La población de Machu Picchu advirtió que, si la propuesta legislativa avanza, se implementarán medidas de fuerza para defender la autonomía regional y la correcta gestión del santuario. Cusco reitera su compromiso con la protección de su patrimonio y rechaza cualquier intento de intervención que ponga en riesgo su estabilidad económica y cultural.
