El gobierno ha presentado el reciente Decreto Legislativo 1695 como un golpe de timón en la lucha contra la minería ilegal, una economía ilícita que se ha expandido peligrosamente por el territorio nacional. La norma, aprobada gracias a las facultades delegadas por el Congreso, endurece el régimen penal y reconoce explícitamente a esta actividad como una forma de crimen organizado. Sin embargo, para diversos especialistas reunidos por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el endurecimiento de penas es insuficiente si el Estado no recupera el control del territorio ni asigna recursos reales para la investigación.

Cerrando las «zonas grises»

César Ipenza, experto en derecho ambiental, reconoció que el decreto acierta al atacar eslabones de la cadena que antes operaban en la impunidad. La norma amplía el tipo penal para sancionar no solo la extracción, sino también actividades conexas como el financiamiento, el transporte, el beneficio (procesamiento) y el tráfico ilícito de recursos minerales.

Uno de los principales cambios se da en el artículo 307-A, que regula el delito de minería ilegal. A partir de la modificación, esta actividad será sancionada con penas de cinco a ocho años de prisión y entre 100 y 600 días-multa cuando se realice sin autorización, fuera del proceso de formalización o cuando cause, o pueda causar, daño ambiental.

«Estos cambios normativos dotan al Estado de mayores herramientas para investigar y sancionar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad, cubriendo actividades que antes quedaban en zonas grises», explicó Ipenza, refiriéndose a los vacíos legales que permitían a los procesadores y transportistas evadir la justicia.

El riesgo del populismo penal

No obstante, la severidad de la ley podría ser inútil sin inteligencia operativa. Julio Guzmán, Procurador Público Especializado en Materia Ambiental, advirtió que el sistema de justicia opera a ciegas por la falta de un modelo de trazabilidad.

«Necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y ubiquen las rutas por donde transitan», señaló Guzmán. El procurador fue enfático al señalar que recurrir a lo penal para resolver lo que el derecho administrativo no ha solucionado en años, el control de la extracción y fiscalización, puede derivar en un «populismo penal» que, paradójicamente, dispare los niveles de corrupción por la falta de información clara.

Jueces sin presupuesto

La aplicación de la norma enfrenta otro muro: la precariedad institucional. El juez supremo Juan Carlos Checkley advirtió que el decreto legislativo no ha venido acompañado de un incremento presupuestal. La minería ilegal es un delito «pluriofensivo», vinculado al lavado de activos, evasión tributaria y trata de personas, lo que hace que las investigaciones sean costosas y complejas.

«Es vital fortalecer los conocimientos de los operadores. Es necesario que policías y fiscales sean capacitados respecto a la Ley General de Minería, no solo en lo penal, para investigar eficientemente», sostuvo el magistrado, alertando que sin fondos, la norma corre el riesgo de quedar en el plano declarativo.

La trampa de la formalización

Finalmente, el debate aterrizó en el problema de fondo: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fiorella Chinchay, especialista de la UNODC, señaló que la ambigüedad jurídica generada por las constantes prórrogas del proceso de formalización es utilizada para bloquear la acción penal. «Hay un registro de formalización de nunca acabar», sentenció.

La conclusión del panel fue que el fortalecimiento del «brazo penal» es un paso, pero como resumió Iris Olivera de DAR, sin control territorial real y sin cerrar las brechas de impunidad administrativa, la nueva ley podría ser solo una respuesta punitiva sin impacto institucional real.

CONFEMIN pide derogar el Decreto Legislativo 1695

La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) emitió un pronunciamiento en el que solicita la derogación de la norma al considerar que impacta a la cadena de la pequeña minería y al proceso de formalización. Asimismo, señala demoras administrativas en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), atribuye responsabilidades al ministro Luis Enrique Bravo De La Cruz por expedientes pendientes y pide la pronta reglamentación de la Ley N.° 32537. Cabe recordar que CONFEMIN ha sido, a lo largo de los años, uno de los principales gremios que ha impulsado la ampliación del REINFO, pese a los resultados limitados del proceso de formalización minera.

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