Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, reveló que dos policías en actividad estarían detrás de la empresa de seguridad R&R. Esta firma brindaba protección a los mineros asesinados en Pataz. Según un colaborador con identidad reservada, los suboficiales operaban la empresa pese a su función activa en la Policía Nacional del Perú.

Los agentes identificados son Gianpaul Bastidas y Franklin Pérez, uno adscrito a la comisaría de Huanchaco y otro al Escuadrón Verde. Ambos, de acuerdo a la información preliminar, habrían reclutado personal sin documentos, ofreciéndoles pagos diarios de 300 soles. La empresa R&R también prestó servicios a la minera Poderosa, aunque sin registro legal ante SUNARP, operando en una zona dominada por el crimen.

¿El crimen infiltrado en la Policía?

Bringas subrayó que esta información no solo está relacionada con la masacre, sino que podría evidenciar la infiltración del crimen organizado en la Policía. Los cuerpos hallados en Pataz mostraban signos de descomposición, lo que indicaría que fueron asesinados días antes de reportarse su desaparición. Además, se descartó cualquier pedido de rescate por parte de los criminales.

Según la Fiscalía, la empresa R&R funcionaba como una fachada informal. El colaborador reveló que reclutaban personal con conocimientos militares, a veces bajo amenazas. La estructura incluía roles logísticos y armados. Uno de los implicados, Luis Chuquizuta, fue detenido con armas ilegales, una de ellas perteneciente a una de las víctimas, Juan Joel Ñaupari.

La minera Poderosa señaló que los fallecidos no eran empleados directos, sino contratistas de un tercero que subcontrató a R&R. El Ministerio Público revisa estos contratos para determinar responsabilidades. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia, y la fiscalía mantiene abierta la investigación sobre los presuntos nexos policiales con redes delictivas en Pataz.

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