El avance de la minería ilegal, la inestabilidad política y trabas regulatorias, frenan inversiones en una de las principales actividades económicas del país.

Perú es el segundo país con mayores reservas de cobre en el mundo y líder en oro en Latinoamérica, pero atraviesa un serio problema por el alto indice de minería ilegal. Según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal y la complejidad regulatoria están retrasando el desarrollo de proyectos estratégicos, restando competitividad al país frente a otros destinos de inversión como Chile.

El impacto es evidente: de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el 69 % de la cartera minera 2024 no tiene fecha definida de ejecución, lo que mantiene en pausa miles de millones de dólares. Esta situación no solo afecta la generación de empleo y la recaudación fiscal, sino que también incrementa la percepción de riesgo en las empresas, que identifican a la criminalidad vinculada a la minería ilegal como la mayor barrera para invertir en el país.

Frente a ello, el IPE advierte que resulta urgente fortalecer la seguridad jurídica, agilizar trámites y, sobre todo, combatir decididamente la minería ilegal. Sin estas acciones, el Perú seguirá perdiendo atractivo y limitará el desarrollo de una actividad clave para la economía, que podría impulsar el crecimiento sostenible de las regiones y del país en su conjunto.