Tras la aprobación del Congreso de la autorización para que Dina Boluarte viaje a Roma, la asociación de familiares de las víctimas de las matanzas durante las protestas sociales del 2022 y el 2023 remitieron una misiva al papa León XIV, donde dan cuenta del carácter criminal y de impunidad que rige en el actual cogobierno entre la mandataria y el Congreso de la República.
“Ante la visita a la Santa Sede de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Congreso y otros funcionarios, queremos expresar nuestro sentir como familiares de las personas que fueron asesinadas durante las protestas sociales, en el periodo 2022 y 2023 en el Perú, que dejó pérdidas irreparables, enlutando a 50 familias peruanas”, se lee en la misiva remitida el último jueves.
Son tres los puntos que reportan los familiares de las víctimas como hechos relevantes en el documento. En primer lugar, dan cuenta de la cuestionada decisión del Tribunal Constitucional (TC), que emitió una sentencia que permitió la liberación arbitraria del condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori. Los familiares alertan que este hecho es un precedente negativo para futuros procesos judiciales por hechos similares, como los crímenes cometidos en el sur.
El segundo hecho reportado es la ley que impulsó el Congreso, y en particular el fujimorista Fernando Rospigliosi, para impedir que continúen los procesos judiciales seguidos contra miembros de las fuerzas del orden por crímenes y otros delitos similares cometidos durante los años del conflicto armado interno de los ochenta y noventa.
“Esta ley es un precedente negativo para nuestros casos, ya que busca la impunidad para militares que asesinaron a muchas personas”, apuntan, al tiempo de reportar también la propuesta de ley de amnistía que promueve el legislador Jorge Montoya.
Ley para asegurar la impunidad
En tercer lugar, los familiares dan cuenta de la llamada ley APCI, impulsada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte, la misma que bloquea el financiamiento para organizaciones civiles sin fines de lucro que brindan patrocinio gratuito a los familiares de las víctimas.
“Nosotros no contamos con medios económicos para elegir y poder pagar a un abogado. Nosotros no tenemos defensa a elección, pagados por el Estado, como sí lo tienen los militares y políticos”, subrayan en el documento.
“Pedimos a usted, Santo Padre, que interceda por justicia para nosotros; ahora más que nunca necesitamos de su ayuda”, se lee al final de la misiva.
La carta es firmada por Raúl Samillán, hermano del médico asesinado en Puno Marco Samillán y presidente actual de la Organización Nacional de los Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023. También suscribe el documento Yovana Mendoza, de Ayacucho, y Dany Quispe, de Apurímac.
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