La Policía Nacional del Perú (PNP) logra capturar en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima a un presunto implicado en la brutal matanza de 13 trabajadores de seguridad, ocurrida en la provincia de Pataz, región La Libertad. El crimen, relacionado con el violento conflicto entre minería formal e informal, ha conmocionado al país por la crudeza de los hechos.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, confirmó la detención del sujeto, quien portaba una pistola registrada a nombre de una de las víctimas. “Se ha detenido a una persona que portaba una pistola aquí en Lima, lo cual indicó que era para fines de venta. La pistola está registrada a nombre de uno de los fallecidos en este hecho lamentable”, declaró el alto mando policial.

Según fuentes de Noticias Trujillo, el detenido, conocido con el alias de “Piscis”, habría sido jefe de grupo de los trabajadores asesinados, lo que incrementa las sospechas sobre su posible rol dentro de la estructura criminal o, al menos, sobre su conocimiento de los hechos.

Hallazgo de los cuerpos confirma la masacre

Los cuerpos sin vida de los trece trabajadores de seguridad fueron hallados en el interior de una bocamina del distrito de Pataz, días después de haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de abril. Todos ellos trabajaban para la empresa contratista R&R, que presta servicios de seguridad a la Compañía Minera Poderosa, uno de los principales operadores formales de oro en el norte del país.

Videos difundidos en redes sociales, muestran cómo los trabajadores fueron ejecutados con disparos a quemarropa, presuntamente por sus captores. Las imágenes revelan un nivel de violencia alarmante, y exponen la peligrosidad de las mafias que operan en zonas mineras en disputa.

Identificación parcial de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades han identificado a nueve de las trece víctimas. Ellos son:

1. Nilver Joel Pérez Chuquipoma
2. César Rospigliosi Arellano
3. Frank Jesús Monzón Valeriano
4. Jhon Cristian Facundo Inga
5. Franklin Vicente Facundo Inga
6. Josué Carbonell Beltrán
7. Alexander Domínguez
8. Juan Ñaupari Salva
9. Darwin Javier Coveñas Panta

Los cuerpos están siendo trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación oficial y posterior entrega a sus familias.

Violento contexto: minería ilegal y enfrentamientos armados

La tragedia se enmarca en el creciente conflicto entre operadores mineros legales y bandas criminales vinculadas a la minería ilegal en la sierra liberteña. El secuestro ocurrió cuando el grupo de seguridad privada R&R se dirigió a desalojar a mineros ilegales en una bocamina ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo.

Durante la operación, se desató un enfrentamiento armado, tras el cual los 13 trabajadores fueron capturados por sujetos armados. Las primeras versiones señalaban un presunto pedido de rescate por cuatro millones de soles; sin embargo, la PNP ha descartado dicha hipótesis, afirmando que no hubo solicitud de rescate.

Banda criminal liderada por “Cuchillo” bajo la lupa

Las autoridades han identificado como principal sospechoso a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien estaría al mando de una organización criminal que controla zonas mineras en conflicto. De acuerdo con testimonios de allegados a las víctimas, el secuestro habría sido orquestado por esta banda, que operaría en una mina de propiedad de un individuo conocido como “Galindo”.

La PNP, en coordinación con el Ejército, ha intensificado la búsqueda de Rodríguez Díaz, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad. Las investigaciones apuntan a desmantelar una red criminal que estaría involucrada no solo en el asesinato de los trabajadores, sino también en una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos mineros.

Clamor por justicia

La masacre de Pataz ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la inseguridad en las zonas mineras del país. Organizaciones de derechos humanos, gremios de seguridad privada y la ciudadanía en general exigen justicia y una intervención decidida del Estado para erradicar las mafias que han convertido las regiones mineras en territorios sin ley.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas, en medio del dolor, aguardan respuestas. La captura del sujeto en Lima con un arma perteneciente a una de las víctimas abre una nueva línea de investigación y podría ser clave para esclarecer el crimen.

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