Al cierre de la legislatura y con una proyección en el conteo de votos favorable a Keiko Fujimori, un pleno del Congreso más envalentonado aprobó este viernes un informe para denunciar a jueces, fiscales y procuradores que participaron en el proceso para develar la corrupción de Odebrecht en el Perú y sus alcances en la clase política peruana. El documento incluye al periodista Gustavo Gorriti, cuyas investigaciones también resultaron incómodas para el fujimorismo y otros grupos políticos afines.

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El informe, elaborado por una comisión investigadora presidida por Alejandro Muñante de Renovación Popular. Partido que también resultó enlodado por el caso Odebrecht: este grupo político recibió en el año 2011 la suma de 200 mil dólares y en el 2014 recibió 500 mil dólares, cuando llevaba por nombre Solidaridad Nacional. Esta información revelada precisamente en el curso de las investigaciones a cargo de autoridades que ahora son objeto de persecución política.

La comisión presidida por Muñante llega a ser la cuarta conformada en el Congreso de la República. En este último caso el objetivo fue básicamente emprender una cacería contra las autoridades y el pretexto es la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht; algo cuestionado por quienes no querían que se conozca la verdad sobre la corrupción generada por la empresa brasileña en la clase política peruana.

En su momento dimos cuenta en este portal sobre algunos vicios de la comisión de Muñante, como el hecho de haber contratado como asesor a Luis Alberto Pacheco Mandujano, un abogado que tuvo a su cargo el patrocinio legal del prófugo investigado por lavado por el caso Odebrecht Gonzalo Monteverde. Mandujano también fue abogado de la organización violenta conocida como La Pestilencia, la misma que se dedicó a atacar al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.

76 votos a favor de la persecución

El informe final de Muñante, entregado en diciembre de 2025, había quedado en la congeladora. Pero esta semana, y luego de que el conteo oficial de la ONPE inclinara ligeramente la balanza a favor de Keiko Fujimori, las bancadas decidieron desempolvarlo para avanzar con la arremetida contra los jueces y fiscales.

Fue así que este jueves 11 de junio, la Junta de Portavoces acordó incorporarlo en la agenda del pleno. Esta decisión contó con el apoyo de Alianza Para el Progreso (Salhuana), Perú Libre (Flavio Cruz), Renovación Popular (Yarrow), Lealtad Nacional (Bellido), Acción Popular (Alva), Somos Perú (Paredes G.), Avanza País (Paredes F.), Bancada Socialista (Pariona) y Honor y Democracia (Montoya).

Ya en el pleno, el informe fue aprobado con 76 votos a favor. Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyó con 16 votos a favor. También apoyaron los partidos en vías de extinción APP, Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País y la bancada Lealtad Nacional, grupo que recicla a legisladores tras la desactivación de Podemos Perú.

Propuestas de denuncia

Son siete las autoridades del sistema de justicia en el Perú que forman parte del informe final de persecución política de Muñante. Los dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, los exprocuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, y la jueza María Álvarez Camacho Jueza, quien en el marco de sus funciones homologó el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

También se incluyó en el informe al periodista de investigación Gustavo Gorriti, a quien le atribuyen sin sustento el supuesto delito de tráfico de influencias.

Todos ellos ahora serán denunciados por el Congreso ante un Ministerio Público que ya está controlado por Fuerza Popular y sus aliados políticos, con un Tomás Aladino Gálvez al frente.

Criminalizan a los operadores de justicia

Rafael Vela Barba, fiscal que lideró el Equipo Especial Lava Jato, comentó la previsibilidad del resultado de esta última comisión conformada en el Congreso.

«Ya se sabía el resultado desde el inicio. Fue una comisión arbitraria dirigida por Renovación Popular y el fujimorismo, ambos partidos investigados en el caso Lava Jato, con el único propósito de atacar al sistema de justicia que los investiga, criminalizando a los operadores de justicia, con denuncias penales y administrativas, por hechos ya archivados en el pasado; específicamente, contra contra fiscales supremos, superiores y provinciales, procuradores públicos del estado y periodistas. Es también la primera vez que acosan a una jueza, la doctora Álvarez Camacho», comentó el fiscal.

Rafael Vela denunció que los investigados por la comisión no pudieron ejercer el derecho de acceder al informe final para ejercer su defensa. «Incluso en el pleno de hoy, como es evidente, no pudimos hacer uso de la palabra. Es una clara señal de los que nos espera los próximos cinco años, además del desprecio por la independencia judicial, la autonomía fiscal y el derecho a la defensa de la mayoría en el Congreso «, señaló.

• Informe publicado originalmente en el portal político peruano Congrezoo.pe