El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minsjusdh) ha aprobado una nueva lista de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas. A través de la Resolución Ministerial 0301-2024-JUS, se aprobó la lista número 36 que incluye a 158 personas, entre civiles, policías y militares, afectadas durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. Estas víctimas recibirán un total de S/ 1 000 464.27, que serán depositados en sus cuentas del Banco de la Nación. Los beneficiarios, residentes en 15 regiones del país, forman parte del Registro Único de Víctimas (RUV), una herramienta gestionada por el Consejo de Reparaciones, encargada de acreditar las afectaciones sufridas durante el periodo de violencia.
Contexto: dos décadas de conflicto armado
El conflicto armado interno marcó dos décadas de violencia en Perú, dejando cerca de 69 280 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Las comunidades indígenas y rurales fueron las más afectadas por las acciones de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, así como por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. El Plan Integral de Reparaciones, establecido mediante la Ley N° 28592, busca responder a este daño histórico mediante reparaciones económicas, programas de salud y educación, y reconocimiento simbólico a las víctimas. 
Avances y desafíos en el proceso de reparación
A fines de agosto, la Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a acelerar el cumplimiento de las reparaciones económicas y otras medidas destinadas a las víctimas del conflicto armado interno. Según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Consejo de Reparaciones, están inscritas 234 877 víctimas civiles, 1 193 policías y 1 488 militares, todas afectadas en distinto grado. En 2024, el Minjusdh atendió a 473 personas registradas en el RUV, sumando más de 87 263 víctimas que, desde el inicio del programa, han recibido compensaciones por un monto superior a S/ 333 millones.
Un paso hacia la reconciliación
El informe final de la CVR, publicado en 2003, señala que el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000 representó el episodio más intenso, extenso y prolongado de violencia en la historia republicana. Este periodo dejó profundas heridas y evidenció las desigualdades estructurales de la sociedad peruana. Según la CVR, la cifra más probable de víctimas fatales asciende a 69 280 personas, con un 79 % de ellas residentes en zonas rurales y un 56 % dedicadas a actividades agropecuarias. Las víctimas no solo demandan reparaciones económicas, sino también medidas integrales que aborden aspectos como la salud mental, la educación y el reconocimiento público de su sufrimiento. La CVR destaca que el conflicto evidenció “graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático”. Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la reparación no debe limitarse a lo económico. El fortalecimiento del Estado de derecho y la memoria histórica son esenciales para garantizar que la violencia vivida nunca se repita.
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