Las Reservas Indígenas y Territoriales creadas para proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) han demostrado ser una barrera efectiva contra la deforestación en la Amazonía peruana. Un análisis del Instituto del Bien Común (IBC), basado en cifras del Ministerio del Ambiente, revela que entre 2001 y 2022 apenas se perdió el 0,26 % del bosque dentro de estas áreas protegidas.
Este estudio forma parte del libro Invisibles, Vulnerables y Amenazados, una publicación del IBC que reúne artículos de expertos como Sandra Ríos, Zuley Cáceres y Miguel Macedo. El libro se presenta en el contexto de la 23ª sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, que este año pone el foco en la crítica situación de los PIACI en todo el mundo.
Un escudo frente a la deforestación
En los últimos 21 años, el Perú perdió más de 2,9 millones de hectáreas de bosques amazónicos. De este total, solo 19 991 hectáreas ocurrió dentro de las Reservas Indígenas, Territoriales o en zonas en trámite de reconocimiento. Estas cifras, según el IBC, destacan el papel clave de estas áreas como una barrera frente al avance de la deforestación.
“El 72 % de la deforestación total en estas áreas se concentró entre los años 2012 y 2022”, advirtió Zuley Cáceres, investigadora del IBC. Este aumento estaría ligado a actividades como la expansión de la agricultura, la minería ilegal, los cultivos de coca y la construcción de carreteras en zonas antes inaccesibles.
Pese a los avances en conservación, muchas de estas reservas aún no cuentan con reconocimiento oficial, lo que las deja en una situación vulnerable. Actualmente, hay cinco solicitudes de reservas indígenas en espera de ser categorizadas, que juntas suman más de tres millones de hectáreas. Entre ellas están Yavarí Mirim y Napo Tigre, cuyos pedidos se presentaron hace más de dos décadas.
“La demora en su categorización expone estos territorios a mayores riesgos de invasión, actividades ilegales y degradación ambiental”, advirtió el Instituto del Bien Común. Mientras no se les otorgue un estatus legal, estas áreas siguen desprotegidas frente a las amenazas externas.
Kakataibo: zona crítica
La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur es uno de los casos más críticos. A pesar de haber sido reconocida en 2021, ya ha perdido 6 723 hectáreas de bosque, la mayor cifra entre las áreas estudiadas. Su ubicación cerca de la carretera Federico Basadre, sumada a la presencia de tala ilegal, minería y cultivos ilícitos, la convierte en una zona especialmente vulnerable.
La situación en el territorio también ha escalado en violencia. En los últimos cuatro años, seis líderes indígenas han sido asesinados por defender su tierra frente a las amenazas del crimen organizado y las actividades ilegales.
Frente a este escenario, el Instituto del Bien Común y diversas organizaciones indígenas y ambientales piden al Estado reforzar la protección de estos territorios. Proponen avanzar con la categorización de reservas pendientes, mejorar los sistemas de vigilancia y aplicar un ordenamiento territorial que conecte reservas, parques nacionales y comunidades nativas.
“Esto permitiría crear cinturones de protección más robustos que articulen reservas, parques nacionales y comunidades nativas”, señaló Miguel Macedo. También se recomienda fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, y promover la sensibilización de la población frente a los impactos de la economía ilegal en la Amazonía.
Hoy, las Reservas Indígenas y Territoriales son una de las estrategias más efectivas para conservar los bosques y proteger a los PIACI. Pero su futuro depende de decisiones firmes y coordinadas por parte del Estado.
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