La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) investiga una amplia red de minería ilegal que opera en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, donde se habrían conformado estructuras familiares y empresariales dedicadas a la extracción y comercio irregular de oro. La investigación involucra a 22 personas naturales y varias empresas locales con nexos transfronterizos hacia el Ecuador, reveló un reportaje del portal de investigación Ojo Público
Entre los principales investigados figuran Eduar Aderli Sánchez Chanta, conocido como “Flaco”, y su hermano Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, quienes poseen concesiones mineras que llegan hasta la frontera ecuatoriana. De acuerdo con los reportes fiscales, ambos controlan zonas de extracción aluvial y emplean maquinaria pesada en los cauces de los ríos, afectando ecosistemas y comunidades agrícolas.
En el ámbito internacional, aparece el empresario ecuatoriano José Germán López Sivisaca, alias “Pepe Mina”, identificado como presunto financista de estas operaciones y enlace entre ambas orillas de la frontera. Su papel sería clave en la movilización del oro extraído hacia canales comerciales del Ecuador.
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Asimismo, la investigación incluye a empresas formalmente registradas, como Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L. y J.A. Import Export E.I.R.L., señaladas por operar concesiones sobre ríos contaminados con mercurio o por presuntamente lavar oro proveniente de fuentes ilegales. Aunque estas compañías cuentan con registros legales, la Fiscalía sostiene que habrían funcionado como fachada para encubrir la extracción no autorizada.
Los operativos han permitido identificar presunta complicidad policial en la protección de maquinaria y transporte de oro, lo que evidencia la existencia de una red de impunidad que dificulta las acciones de control.
El impacto ambiental es severo: los ríos Chinchipe y Tabaconas presentan contaminación por mercurio y sedimentos, mientras que los agricultores cafetaleros de la zona reportan pérdida de suelos y afectación de cultivos.
El auge del precio internacional del oro —que superó los USD 4 000 la onza en 2025— ha incentivado la expansión de la minería ilegal, desplazando la economía agrícola tradicional. La FEMA busca ahora desarticular esta red y establecer responsabilidades penales por delitos de minería ilegal, contaminación ambiental y lavado de activos.
Con información de: ojo-publico.com
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