Un contundente golpe contra la minería ilegal se ejecutó en la provincia de San Ignacio, donde la Policía Nacional destruyó maquinaria y diversos equipos valorizados en más de S/ 44 millones, marcando un punto de quiebre en la lucha contra esta actividad ilícita.

El impacto fue significativo: se interdictaron y destruyeron 38 excavadoras, 19 motores, 25 motores de succión, tres armas de fuego, más de 19 bombas, 25 motocicletas, 1,250 galones de combustible, 10 campamentos ilegales, dos camionetas, cuatro teléfonos celulares, una antena satelital, además de diversos equipos logísticos. Este accionar permitió debilitar seriamente la capacidad operativa y financiera de la organización intervenida.

Cabe precisar que la intervención se desarrolló entre el 23 y el 28 de abril de 2026, durante el estado de emergencia, y estuvo a cargo de la División contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente, con apoyo de unidades especializadas como Diravpol, Divopesp, Divcomin y la Comisaría de San Ignacio. El operativo tuvo como objetivo desarticular a la presunta organización criminal “Los Topos”, dedicada a la contaminación ambiental y al tráfico ilícito de maquinaria e insumos químicos.

Estas as acciones se iniciaron tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar una estructura criminal organizada que operaba en zonas de difícil acceso. Desde Lima, un equipo especializado liderado por el general PNP José Manuel Cruz Chamba se trasladó junto a fiscales ambientales en una aeronave Antonov y posteriormente en helicópteros hacia sectores estratégicos como Cristales y el centro poblado Leoncio Prado, provincia de San Ignacio.

Finalmente durante la intervención, los agentes constataron la extracción ilegal de oro con maquinaria pesada en funcionamiento. Asimismo, se detuvo en flagrancia a ocho personas, entre ciudadanos peruanos, ecuatorianos y una ciudadana colombiana, presuntamente integrantes de esta red criminal, lo que evidenció la magnitud de la operación clandestina.

A pesar de las condiciones adversas, como intensas lluvias, aislamiento geográfico y limitaciones en las comunicaciones, el operativo continuó en días posteriores con nuevas acciones de interdicción. Las diligencias se realizaron bajo la supervisión del Ministerio Público y conforme al Decreto Legislativo N.° 1100, que regula estas intervenciones, incluyendo la detención preliminar de los implicados por siete días.

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