Una acción constitucional de amparo presentada ante el Juzgado Civil de la provincia de San Ignacio busca fortalecer la lucha contra la minería ilegal en la frontera norte de Cajamarca y podría sentar un precedente jurídico en el país en materia de defensa ambiental y soberanía nacional.

El recurso fue ingresado la noche del 28 de mayo bajo el Expediente N.° 00081-2026-0-1704-JR-CI-01 y es impulsado por el abogado Luis Quinde García, quien sostiene que el avance de la minería ilegal ya no representa únicamente un problema ambiental, sino también una amenaza directa para la salud pública, la seguridad nacional y la protección de los recursos hídricos.

Entre los principales pedidos planteados al Juzgado Constitucional figura la incorporación del Batallón de Infantería Motorizada BIM N.° 111 como órgano de apoyo judicial y custodio de la soberanía. Según la demanda, las Fuerzas Armadas brindarían seguridad, inteligencia y soporte logístico durante los operativos de interdicción ejecutados junto a las Rondas Campesinas y las autoridades competentes.

Asimismo, se solicita la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de activar mecanismos diplomáticos y de coordinación binacional con la República del Ecuador, debido a que la contaminación generada por actividades extractivas ilegales en las cabeceras de cuenca estaría afectando al río Chinchipe, afluente que desemboca posteriormente en el río Marañón.

La demanda también incorpora como litisconsortes pasivos a las municipalidades de Jaén, Bellavista, San José de Lourdes, Chirinos, Namballe y Tabaconas. La defensa argumenta que esta medida busca evitar el denominado “efecto globo”, es decir, que los mineros ilegales trasladen sus operaciones hacia otros distritos no comprendidos inicialmente en la acción judicial.

Durante una entrevista en Radio Marañón, el abogado Luis Quinde indicó que la acción de amparo fue admitida el 18 de mayo y que el Juzgado Civil de San Ignacio programó una audiencia única para el próximo 21 de julio a las 10 de la mañana.

“El río Chinchipe no tiene fronteras y esta contaminación afecta a toda la cuenca que llega hasta el Marañón. La protección del río ya no es solo un reclamo local, es una cuestión de soberanía nacional y supervivencia”, señaló el letrado.

Quinde también advirtió sobre los riesgos del mercurio utilizado en actividades mineras ilegales, indicando que la contaminación del agua podría afectar cultivos, ganado y la salud de la población de San Ignacio y Jaén. Según explicó, estudios científicos relacionan la exposición prolongada al mercurio con enfermedades neurológicas graves y daños irreversibles en mujeres gestantes y niños.

La acción constitucional además solicita que diversas entidades del Estado asuman responsabilidades concretas frente al avance de la minería ilegal, entre ellas la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional de Cajamarca y los gobiernos locales involucrados.

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