Hoy lunes, tras la masacre desatada en la madrugada del domingo que cobró la vida de cuatro personas y permitió el secuestro de un ciudadano vinculado a la minería, Trujillo amaneció con despliegue policial. En tanto, trascendió que el monto exigido por los criminales para liberar a su víctima ascendería a los 4 millones de dólares.
Grupos especializados llegados desde Lima —entre ellos la División de Secuestros de la Dirincri— se sumaron a los operativos de rastrillaje y patrullaje intensivo. El ministro de Defensa Rafael Belaúnde, acompañado por el comandante general de la PNP Óscar Arriola y el jefe de la Dirincri Víctor Revoredo, encabezaron reuniones de emergencia junto al general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad.
Todos coincieron en un mensaje fue claro: el Estado no permitirá que bandas criminales se impongan y la prioridad es rescatar con vida al empresario secuestrado.
Madrugada de terror
Este operativo responde al bruta hecho que estremeció a Trujillo y a país la madrugada del domingo. Una camioneta Ford Raptor fue interceptada en la avenida Húsares de Junín por sujetos armados que simulaban ser agentes de la unidad GRECCO de la PNP.
Vestidos con uniformes falsos y portando armas largas con silenciadores, exigieron documentos y luego abrieron fuego contra los ocupantes. El ataque quedó registrado en video: se observa cómo los atacantes asesinan a cuatro personas y se llevan con vida a Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario minero cuyo paradero sigue siendo incierto.
¿Quién es el ciudadano secuestrado?
Jens Marty Lara Tantaquilla, natural de Chillia (Pataz), no es ajeno a la polémica. Su nombre figura en registros de formalización minera, pero también en investigaciones por minería ilegal y presunto lavado de oro.
En 2020, su empresa Matwork fue vinculada al transporte irregular de 17 toneladas de mineral aurífero en un operativo contra la organización “Los Topos”. Aunque no fue detenido, su perfil empresarial quedó marcado por estos antecedentes, lo que alimenta la hipótesis de que su secuestro responde a disputas criminales en torno al oro de la sierra liberteña.
Las víctimas del ataque
El ataque dejó cuatro muertos, todos con perfiles distintos que reflejan la magnitud del crimen. Farhad Andrea Monzón Lingán, joven vinculada a actividades empresariales; Nadia Edith Urtecho Rodríguez, bachiller en administración; Luis Alberto Rojas Ramos, profesor de jiu-jitsu y agente de seguridad; y Christopher Eduardo García Álvarez, gerente de la empresa de seguridad Army United. Sus muertes evidencian que el ataque no solo buscaba a Lara, sino que arrasó con quienes lo acompañaban. Al parecer la orden era clara: no dejar testigos.
Bandas en la mira y planificación desde penales
Las investigaciones apuntan principalmente a la organización Los Pulpos, aunque también se considera la participación de La Jauría. El ministro Belaúnde reveló que el crimen fue planificado desde tres penales, con internos como “Nilton Pulpo” dirigiendo la operación desde prisión.
Este dato insiste en la vulnerabilidad del sistema penitenciario peruano, convertido en plataforma de coordinación criminal.
El secuestro de Lara y el asesinato múltiple marcan un nuevo punto crítico en la violencia de Trujillo, una ciudad que exige respuestas inmediatas, desde hace mucho tiempo, frente a la creciente e incontenible ola de inseguridad.
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