En sesión ordinaria del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el regidor Juan Namoc Medina presentó el informe final de la comisión especial encargada de investigar los trágicos hechos ocurridos el pasado 21 de febrero de 2025 en el centro comercial Real Plaza Trujillo, donde el colapso del techo del patio de comidas causó la muerte de seis personas.

La comisión, integrada también por los regidores Eiby Guibert, Cristhian Luján, Melvin Valderrama y Luis González, señaló que su trabajo se realizó con las limitaciones propias del proceso, debido a que gran parte de la documentación relevante se encuentra en poder del Ministerio Público, entidad que lleva a cabo la investigación penal correspondiente.

Hallazgos y conclusiones del informe

Tras revisar la escasa documentación remitida por las áreas orgánicas de la MPT, el informe concluye que la edificación del patio de comidas, construida en 2016, presentaba fallas desde su concepción estructural. El diseño del techo, al ser una superficie compacta, dificultaba las inspecciones técnicas a las estructuras internas.

Además, se identificó el uso de materiales no idóneos como pernos, bisagras y vigas, lo que habría generado deformaciones críticas, fracturas en las conexiones metálicas y el posterior colapso de la estructura. A esto se sumó la acumulación de agua y polvo condensado sobre el techo, lo cual incrementó la presión sobre un domo ya deformado.

La comisión también denunció una fiscalización deficiente, insuficiente y no sistemática. A pesar de que en 2024 se realizaron dos inspecciones (en abril y noviembre), no se encontraron registros claros sobre la validez del certificado ITSE, ni sobre las observaciones hechas durante dichas visitas.

Otro aspecto alarmante es la limitada capacidad operativa de la MPT para realizar inspecciones de seguridad en edificaciones. Solo se cuenta con cuatro inspectores técnicos, y no se dispone de equipos logísticos adecuados como drones, escaleras telescópicas o sistemas de evaluación estructural.

Recomendaciones clave del informe

Entre las principales recomendaciones de la comisión especial destacan:

• Cierre definitivo y demolición total del patio de comidas del Real Plaza Trujillo.
• Elaboración de nuevos perfiles técnicos para las funciones de fiscalización, conformando equipos multidisciplinarios que incluyan especialistas en arquitectura, estructuras, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gestión de riesgos.
• Determinación de responsabilidades administrativas para los funcionarios que participaron en la elaboración de perfiles y en la evaluación y selección de inspectores.
• Dotación de herramientas logísticas modernas para las áreas de inspección técnica de edificaciones.
• Evaluación de sanciones administrativas al personal de las áreas de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres por su presunta inacción o deficiencia funcional.

Cambios en licencias y mantenimiento de infraestructuras comerciales

La comisión también recomienda que toda renovación u otorgamiento de licencias contemple como requisito que el propietario contrate una empresa constructora debidamente calificada, que cumpla los planos aprobados y realice inspecciones anuales obligatorias de mantenimiento. Durante estos trabajos, el local debe cerrar al público y colocar señales visibles de “cerrado por mantenimiento”, con la participación activa de las áreas fiscalizadoras de la municipalidad.

Asimismo, se exige verificar si los contratos entre propietarios y contratistas incluyen cláusulas obligatorias de revisión periódica y mantenimiento estructural, con presencia municipal y bajo supervisión técnica.

Nuevos criterios frente al cambio climático

Respecto a los proyectos de equipamiento —estatales o privados— que reciban alto flujo de público, se plantea considerar en el diseño estructural los eventos climáticos extremos, como lluvias por el Fenómeno de El Niño o ciclones similares al Yaku. Las edificaciones deben contar con sistemas de drenaje pluvial eficientes y pendientes bien diseñadas.

Además, se propone que el certificado ITSE y la licencia de funcionamiento estén condicionados a la presentación de un cronograma de mantenimiento, sustentado en informes emitidos por empresas especializadas. El incumplimiento de estos requisitos implicaría la suspensión o no otorgamiento de la licencia respectiva.

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