Una comitiva multisectorial liderada por la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) identificó un incremento alarmante de deforestación, minería ilegal y cultivos ilícitos en la cuenca del río Abujao, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Durante un sobrevuelo, se detectaron campamentos de minería ilegal y dragas operando directamente en el cauce, así como extensas áreas de cultivos de coca y laboratorios de procesamiento. El equipo estuvo integrado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura (Mincul), y la Organización Regional de Aidesep en Ucayali (ORAU), quienes evaluaron el impacto ambiental y social de estas actividades ilícitas en una de las áreas más vulnerables de la Amazonía peruana.

Tecnología y crimen organizado

En el sobrevuelo se inspeccionó la margen derecha del cauce, donde se identificaron campamentos de minería ilegal y dragas operando directamente sobre el río. Estas actividades están generando un grave impacto en los bosques, quebradas y dinámicas naturales de los ecosistemas ribereños. Además, se constató que los operadores ilegales han comenzado a emplear tecnología avanzada, como el sistema Starlink, equipos sofisticados que facilitan la comunicación en áreas remotas. Conversamos con Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de FCDS Perú, para analizar el impacto del uso de esta tecnología en las actividades ilícitas y explorar estrategias para enfrentarlas. Arana destacó que el uso de Starlink ya ha sido identificado en el río Nanay, en Iquitos, y en otras zonas de Brasil, lo que otorga una ventaja estratégica a los infractores.

«En lugares como el río Abujao o el Nanay, donde el acceso principal es fluvial, esta tecnología permite a quienes están en puntos clave alertar rápidamente sobre operativos, otorgando tiempo a los responsables para eliminar evidencias o incluso organizar resistencias», explicó. Además, subrayó que el uso de esta tecnología refleja el gran poder adquisitivo de los operadores ilegales.

Delitos conexos e impacto ambiental y humano

La expansión de actividades ilegales ha llegado a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua, generando una amenaza crítica para los pueblos indígenas en aislamiento. Según cifras del Ministerio del Ambiente, la región de Ucayali ha perdido más de 500 000 hectáreas de bosques desde 2001. Además, el cultivo de hoja de coca en la cuenca del Abujao experimentó un incremento del 2481 % entre 2015 y 2021, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El líder de Gestión Territorial Amazónica de FCDS Perú también alertó sobre la presencia de grupos criminales como el Comando Vermelho, que controla diversas actividades ilícitas en la zona. «En el Abujao se observa una confluencia de delitos como minería ilegal, narcotráfico y tala ilegal, todos bajo la lógica del crimen organizado. Esto plantea un enorme desafío para la normativa y las instituciones nacionales», explicó.

Con base en ello señaló la falta de un enfoque integral en la lucha contra estos delitos. «En el país no contamos con un sistema integrado. Por un lado, está la lucha contra las drogas y el narcotráfico; por otro, la minería ilegal; y, además, la tala ilegal. Estas acciones están separadas en compartimentos, pero, en la práctica, todos estos ilícitos operan de forma conjunta, generando una sinergia», subrayó.

Estrategias urgentes

Para abordar esta problemática, Arana propuso tres acciones inmediatas: fortalecer las capacidades del Sernanp y el Ministerio de Cultura para proteger las áreas naturales y a los pueblos indígenas, priorizar al Abujao en los planes de intervención del Alto Comisionado para la Minería Ilegal, y asegurar la presencia sostenida del Estado en estos territorios. «Se tiene que recuperar la gobernabilidad en estos territorios», concluyó. Sin una respuesta coordinada y sostenida, el futuro de estos ecosistemas y de las comunidades que los habitan permanece en grave peligro.

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