De acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la universidad que más recursos administra este año por canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones es la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), con más de S/119 millones. Le siguen la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con S/111 millones; la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con S/65 millones; la Universidad Nacional del Santa, con S/63 millones; la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito, con S/54 millones; y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, con S/49 millones. Estas dos últimas también tienen su sede en Cusco.

A nivel nacional son más de sesenta universidades públicas y administran este año, en conjunto, casi S/900 millones de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. No todo lo registrado bajo esas categorías es estrictamente “canon”, porque incluye transferencias recibidas durante este año como saldos de balance de años anteriores. Las universidades públicas reciben recursos provenientes de los impuestos y rentas generados por las actividades extractivas después del Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Muchas veces, incluso, reciben más transferencias que las municipalidades.

La Ley del Canon establece que ese dinero debe utilizarse en proyectos de investigación y producción de conocimiento; construcción y mejora de laboratorios, aulas y otros espacios de estudio; compra de herramientas modernas, tecnología y materiales de enseñanza y práctica.

A menos de cuatro meses del cierre del año fiscal, han invertido, en promedio, la mitad. Pero, más que cuánto gastan, resulta relevante revisar en qué invierten. El destino del presupuesto varía entre una institución y otra. En la Unsaac, los recursos se destinan principalmente a mejorar infraestructura, equipar laboratorios y mejorar servicios en escuelas profesionales. Solo S/4 millones están destinados a investigaciones científicas. En la San Agustín de Arequipa, el gasto se concentra en mejorar la formación de pregrado y los servicios profesionales. En cambio, más de S/32 millones están destinados a investigaciones científicas. La Universidad del Santa sigue ese patrón, porque usa ese presupuesto en mejorar servicios e infraestructura, mientras que la investigación científica concentra más de S/31 millones.

Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) y especialista en análisis de políticas públicas, señala ene esta entrevista, entre otras cosas, que una evaluación completa debería ir más allá del porcentaje ejecutado y preguntarse si los laboratorios funcionan, si los equipos realmente se utilizan, si existen investigadores y personal especializado y si las inversiones producen mejores condiciones para la formación, la investigación y la innovación.

¿En qué están gastando el dinero del canon y regalías las universidades?

Estos recursos financian un abanico amplio de intervenciones: infraestructura universitaria, laboratorios, equipamiento científico, tecnologías de información, proyectos de investigación, formación académica, servicios para estudiantes y otros activos. La idea de que el canon universitario sirve únicamente para financiar proyectos de investigación ya no describe bien lo que ocurre.

El caso de la Unsaac lo ilustra. En 2025 registró aproximadamente S/162.9 millones de presupuesto en recursos determinados, bajo el rubro 18, que agrupa canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. De ese total, alrededor de S/138.6 millones —el 85,1 %— estaban destinados a la adquisición de activos no financieros. La orientación hacia infraestructura, equipamiento y otros activos de inversión es, por tanto, muy marcada. Conviene hacer una precisión en este punto. Presupuestariamente, el rubro 18 reúne fuentes distintas, de modo que no todo lo registrado bajo esa categoría puede denominarse estrictamente “canon” (…) Visto así, el problema no parece estar en la falta de destinos posibles para estos fondos. La pregunta central es otra: con qué rapidez y con qué resultados logran las universidades transformar esos recursos en capacidades académicas, científicas y tecnológicas realmente operativas.

¿Por qué, pese a manejar recursos importantes, persisten las carencias de infraestructura, laboratorios y equipamiento?

Porque disponer de presupuesto no equivale automáticamente a contar con infraestructura terminada, laboratorios en funcionamiento o equipos efectivamente utilizados. Entre la disponibilidad de los recursos y el resultado final media una cadena de procesos: formular la inversión, elaborar estudios y expedientes técnicos, contratar, ejecutar la obra, adquirir los equipos, ponerlos en marcha y, finalmente, garantizar su mantenimiento y uso sostenido. La trayectoria de la Unsaac muestra bien esa distancia. Entre 2015 y 2025, la ejecución anual de recursos determinados fue muy variable: pasó de aproximadamente 37 % en 2015 a 94 % en 2020, cayó a alrededor de 12 % en 2021 y luego se recuperó hasta cerca de 60 % en 2025. Una oscilación de esa magnitud indica que la capacidad de ejecución no es un atributo fijo de la institución. Cambia con la composición y madurez de la cartera de inversiones, el avance de los expedientes, los procesos de contratación y las condiciones institucionales de cada año.

El problema, además, no es nuevo. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos sobre universidades regionales ya había advertido que el aumento de los recursos provenientes del canon no estuvo necesariamente acompañado por un fortalecimiento equivalente de las capacidades institucionales para investigar y gestionar esos recursos. Que una universidad tenga recursos disponibles y mantenga, al mismo tiempo, brechas de infraestructura o equipamiento no constituye una contradicción. El dinero es indispensable, pero por sí solo no cierra una brecha; también se requiere capacidad de planificación, gestión, ejecución y operación posterior.

¿El problema es la cantidad de dinero disponible o la capacidad para ejecutarlo bien?

En universidades que reciben montos importantes de canon, como la Unsaac, la evidencia sugiere que el problema no puede explicarse simplemente por falta de recursos. La Unsaac pasó de aproximadamente S/38 millones de PIM en recursos determinados en 2015 a S/162.9 millones en 2025. En términos nominales, el presupuesto disponible es hoy más de cuatro veces el registrado una década atrás. Sin embargo, en 2025 se ejecutaron aproximadamente S/97.9 millones, equivalentes al 60.1 %. El dato gana interés cuando se observa cómo se distribuye esa ejecución. En 2025, la ejecución de bienes y servicios fue de aproximadamente 80 % y la de otros gastos alcanzó 93.4 %, mientras que la adquisición de activos no financieros llegó a 56.1 %. Alrededor del 94 % del monto que quedó sin devengar se concentró precisamente en activos no financieros.

El principal cuello de botella parece ubicarse en las inversiones y en la adquisición de activos, es decir, en los componentes que exigen mayores niveles de preparación, contratación, ejecución y gestión técnica. Tampoco conviene caer en el extremo contrario. Alcanzar una ejecución de 90 % o 100 % no significa necesariamente que el gasto haya sido bueno. Una evaluación más completa debería ir más allá del porcentaje ejecutado y preguntarse si el laboratorio funciona, si los equipos realmente se utilizan, si existen investigadores y personal especializado para operarlos y si esas inversiones terminan produciendo mejores condiciones para la formación, la investigación y la innovación. Ejecutar es necesario; ejecutar no es lo mismo que generar resultados.

¿La distribución actual del canon entre universidades es equitativa y eficiente?

Hay que distinguir, al menos, dos maneras de entender la equidad. El canon responde a un principio de compensación territorial. Según el MEF, en el régimen general, el 25 % del canon corresponde al gobierno regional y, de ese porcentaje, el 20 % debe transferirse a las universidades nacionales. Ello equivale aproximadamente al 5 % del canon total destinado a las universidades públicas del territorio, con excepciones como las de determinados regímenes petroleros. La regla tiene una lógica económica comprensible: una parte de la riqueza generada por la explotación de recursos naturales debe permanecer en los territorios donde esos recursos se producen. La dificultad aparece cuando esa lógica territorial se contrasta con las necesidades del sistema universitario.

Dos universidades pueden tener un número similar de estudiantes y docentes, o incluso brechas parecidas en laboratorios, equipamiento e investigación, y aun así disponer de recursos muy distintos simplemente porque una está situada en un territorio con mayor actividad extractiva que la otra. Las diferencias se observan también en el peso que estos recursos tienen dentro de cada institución. El estudio EITI de Cajamarca señala que la Universidad Nacional de Cajamarca acumuló aproximadamente S/94.5 millones de PIM de canon entre 2015 y 2024, monto equivalente a apenas 7 % de su PIM institucional total. En otras universidades ubicadas en territorios extractivos, tanto los montos recibidos como el grado de dependencia respecto de estos recursos son considerablemente mayores. El modelo encierra, así, una tensión que no debería perderse de vista: una distribución puede estar plenamente justificada desde el criterio de compensación territorial y, al mismo tiempo, no resultar necesariamente equitativa desde la perspectiva de las necesidades del sistema universitario.

¿Debe cambiarse el modelo de uso y distribución del canon?

Existen razones suficientes para revisar el modelo, aunque sería un error reducir la discusión a una regla aparentemente sencilla: quitar recursos a las universidades que ejecutan menos y trasladarlos a las que ejecutan más. El problema es bastante más complejo. Hay universidades que reciben montos importantes y tienen dificultades para absorberlos; otras disponen de muchos menos recursos pese a tener necesidades significativas; y las capacidades para formular, ejecutar y operar inversiones tampoco son homogéneas entre instituciones. A ello se suma que una ejecución presupuestaria elevada, por sí sola, no garantiza mejores resultados académicos o científicos. Una eventual reforma debería preservar un componente territorial importante, porque la compensación a los territorios productores tiene un fundamento económico que conviene mantener. Ese componente, sin embargo, podría complementarse con criterios vinculados a brechas universitarias, capacidades institucionales y resultados verificables (…).