La venta de entradas a Machupicchu, el principal atractivo turístico del Cusco, ha sido objeto de una polémica decisión por parte de la ministra de Cultura. Según denunció el gerente regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía GERCETUR Cusco, Saul Caipani Altamirano, la ministra habría entregado esta función a una empresa privada sin informar al pueblo cusqueño.

Una empresa privada se beneficia de la venta de entradas a Machupicchu

La empresa en cuestión es JOINNUS, que pertenece al grupo Credicorp. Esta empresa habría obtenido la buena pro para vender los boletos a Machupicchu, lo que le reportaría ganancias de entre 7 y 10 millones de soles al año. Esta situación ha generado el rechazo del sector turístico regional, que anunció que tomará acciones legales contra esta medida.

Caipani Altamirano acusó a la ministra de Cultura de ocultar información y de negociar con la empresa privada mientras convocaba a reuniones de trabajo en Lima, Cusco y Machupicchu para tratar el tema. “No se debe permitir esta tercerización, que es una afrenta al Cusco. Rechazamos frontalmente esta actitud de la ministra”, afirmó, y convocó a una reunión multisectorial de autoridades para emitir un pronunciamiento.

La ministra de Cultura ordenó la tercerización por 36 mil soles

El gerente regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía explicó que la ministra de Cultura ordenó la tercerización de la venta de entradas a Machupicchu mediante una orden de servicio por un valor de 36 mil soles a la empresa Joinnus. Además, se hizo una adenda que establece el cobro del 3.3% en cada uno de los boletos personales, lo que aumenta las ganancias de la empresa.

“Desde la UGM estamos preparando los documentos para emitir el rechazo total a esta actitud de la ministra, que no sinceró su accionar. Aquí no se debe favorecer a una empresa privada. Llamo al pueblo del Cusco a cerrar filas y no permitir este propósito”, declaró Caipani Altamirano.

Finalmente, señaló que el Cusco no permitirá que desde Lima se tomen decisiones que afecten a su patrimonio cultural. “La ministra en ningún momento ha comunicado que tenía ya negociaciones con una empresa privada”, sentenció.