Los familiares de las personas fallecidas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 expresaron su preocupación ante el actual escenario político y advirtieron sobre posibles riesgos para quienes continúan exigiendo justicia por las muertes registradas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

Milagros Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, sostuvo que existe un clima de incertidumbre entre los deudos y lanzó una advertencia pública respecto a la seguridad de quienes participan activamente en las movilizaciones y acciones de protesta.

«Cualquier cosa que nos pase a los familiares que estamos levantando nuestra voz de protesta, vamos a responsabilizar directamente a la señora Keiko Fujimori y a toda su bancada de Fuerza Popular», declaró en entrevista con La República.

La dirigente explicó que la posición crítica de las familias responde al respaldo político que, según señaló, Fuerza Popular brindó al gobierno de Dina Boluarte durante el desarrollo de las investigaciones por las muertes ocurridas en las protestas. Asimismo, recordó que diversas denuncias relacionadas con estos hechos fueron archivadas en el Congreso, mientras las familias continúan esperando resultados concretos de los procesos judiciales.

Familiares cuestionan investigaciones y denuncian falta de avances

Samillán afirmó que las investigaciones fiscales relacionadas con los fallecimientos registrados durante las protestas atraviesan una etapa de paralización que mantiene en incertidumbre a los deudos.

Según indicó, la situación se habría agravado tras cambios en la conducción del Ministerio Público. «Nuestros casos están estancados, no hay nada, no nos dicen cómo van», manifestó.

La representante detalló que dirigentes de asociaciones de víctimas de distintas regiones intentaron sostener una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, con el objetivo de conocer el estado de las investigaciones. Sin embargo, aseguró que dicho encuentro no llegó a concretarse.

De acuerdo con su versión, los familiares tampoco reciben información periódica sobre el avance de los expedientes, situación que incrementa la preocupación respecto a una eventual falta de resultados en los procesos abiertos por las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

Alertan sobre posible escenario de impunidad

La representante de la asociación expresó además su preocupación por recientes iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso, entre ellas la reforma que modifica las competencias entre la justicia ordinaria y la jurisdicción militar-policial.

A juicio de los familiares, este tipo de medidas podría afectar investigaciones vinculadas a presuntos excesos cometidos por miembros de las fuerzas del orden durante las protestas sociales.

Frente a este escenario, Samillán confirmó que las víctimas evalúan acudir a instancias internacionales en caso de no obtener justicia dentro del país.

«Si no logramos justicia aquí en nuestro país, nos vamos a ir a la Corte Interamericana porque necesitamos que la justicia llegue pronto», afirmó.

No obstante, precisó que antes agotarán todos los mecanismos legales disponibles dentro del sistema judicial peruano.

Respaldarán movilizaciones y continuarán exigiendo justicia

La representante de la asociación confirmó que los familiares participarán en las movilizaciones convocadas en Lima y en otras regiones del país, al considerar que las protestas constituyen una herramienta legítima para mantener visibles sus demandas.

Según explicó, las organizaciones de víctimas continuarán impulsando acciones públicas para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de finales de 2022 e inicios de 2023.

Asimismo, aseguró que las familias seguirán participando en futuras jornadas de protesta y vigilancia ciudadana, mientras continúan reclamando avances concretos en las investigaciones.

Acuerdo con Roberto Sánchez

Samillán también reveló que, durante la reciente campaña electoral, los familiares solicitaron a Roberto Sánchez la firma de un compromiso relacionado con la reparación integral de las víctimas.

De acuerdo con la dirigente, el documento fue suscrito por el excandidato y contempla medidas orientadas al reconocimiento y atención de las familias afectadas por las protestas.

«Queremos que nos firme un plan de reparación para que no solo se quede en palabras. Sí firmó», sostuvo.

Para los deudos, este compromiso representó una señal de respaldo a sus demandas y una posibilidad de que sus reclamos sean atendidos mediante políticas públicas concretas.

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