A pocos días de cerrar el 2025, las cifras de violencia contra la mujer en la región muestran un panorama que genera preocupación. Según información expuesta por el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (Cotma), el año concluye con nueve feminicidios consumados y siete tentativas registradas en la región, una cifra que, de acuerdo con la organización, supera a la de años anteriores tanto en número como en nivel de violencia.

Celina Salcedo, vicepresidenta  del Cotma, señaló que varios de los casos ocurrieron de manera consecutiva en determinados meses del año, lo que evidenció picos de violencia en abril, así como en octubre y noviembre. Indicó además que algunas de las víctimas contaban con medidas de protección vigentes al momento de los hechos, lo que puso en cuestión la eficacia de los mecanismos destinados a salvaguardar su integridad.

Desde la perspectiva de la organización, estos casos reflejan fallas en la aplicación de las políticas públicas y en la actuación articulada de las instituciones responsables, como el sistema de justicia, la Policía, el Ministerio Público, los centros de emergencia y el sector salud. Como ejemplo, se mencionó un caso reciente de violencia sexual contra una menor de edad que derivó en un embarazo, en el cual se identificaron deficiencias en el cumplimiento de protocolos y normas de atención interinstitucional.

De acuerdo con datos del programa Warmi Ñan, hasta la fecha se han reportado más de 5 300 casos de violencia física en la región durante el año. A ello se suma un número indeterminado de situaciones que no llegan a denunciarse, principalmente en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, donde las víctimas enfrentan barreras geográficas, económicas y sociales para acceder a los servicios del Estado.

Otro aspecto señalado es la persistencia de la impunidad en algunos casos, lo que, según organizaciones civiles, debilita la confianza de las mujeres en las instituciones encargadas de su protección y puede contribuir a la repetición de la violencia. En este contexto, se advirtió que las principales afectadas suelen ser mujeres en situación de pobreza o que viven fuera de las ciudades, donde la presencia estatal es limitada.

En ese marco, representantes de la sociedad civil participaron recientemente en un encuentro regional en Ayacucho, donde se presentaron experiencias de vigilancia ciudadana al sistema de salud mental, salud reproductiva y a los centros de emergencia mujer. Los resultados expuestos en dicho espacio apuntaron a brechas en el conocimiento y aplicación de normas y protocolos por parte de los operadores responsables.

La información difundida pone en agenda la necesidad de fortalecer la prevención, el acceso a información clara para las usuarias y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes. Mientras tanto, las cifras oficiales y los reportes de organizaciones civiles dejan constancia de que la violencia contra la mujer continúa siendo un problema vigente en la región al cierre del 2025.

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