Ayacucho registra nueve feminicidios y más de 4.000 casos de violencia atendidos en lo que va del año, según el programa regional Warmiñan. A ello se suman 14 niñas menores de 14 años que han dado a luz, lo que en todos los casos constituye violación sexual. Para el movimiento Manuela Ramos, estas cifras exponen una crisis sostenida en la capacidad del Estado para prevenir y atender agresiones contra mujeres y niñas.
La coordinadora regional de Manuela Ramos, Janet Arones, afirmó que uno de los factores más graves es la normalización de la violencia. Citó datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares 2024), que registró que el 78,9 % de varones y 80% de mujeres justifican frases que legitiman la agresión.
“Cuando la mayoría cree que una mujer violada ‘tiene la culpa’ por beber o que una infidelidad merece castigo, estamos frente a un problema que va más allá de cifras: es un problema cultural”, manifestó.
Arones sostuvo que esta permisividad se reproduce porque la prevención no está plenamente instalada en las instituciones a cargo. Según dijo, aún existe poca capacitación para profesionales que atienden casos, lo que genera respuestas inadecuadas y episodios de revictimización.
“Si quienes deben proteger no reconocen señales de violencia o no aplican los protocolos, las mujeres quedan expuestas”, advirtió.
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La especialista subrayó que la educación sexual integral y el enfoque de género son herramientas clave para reducir estos patrones. Sin embargo, alertó que propuestas legislativas que buscan retirarlos ponen en riesgo los avances logrados durante la última década.
“Sin enfoque de género se desprotege a la mitad del país. Ese retroceso sería devastador”, afirmó.
En un nuevo 25 de noviembre, Arones llamó a los gobiernos regionales y locales a liderar estrategias de prevención, asignar presupuesto y garantizar campañas permanentes.
“Ninguna mujer debería vivir con miedo. La violencia no es inevitable, pero requiere voluntad política y acción sostenida”, concluyó.
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