La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su rechazo a la Ley N° 32293, que modifica la Ley 24657, promulgada por insistencia del Congreso el 8 de abril de 2025, al considerar que esta norma podría facilitar el despojo progresivo de tierras comunales en el país. Esta norma modifica las reglas para delimitar y titular los territorios de las comunidades campesinas, y permite legalizar terrenos ocupados entre 2004 y 2015 para vivienda.
Aunque la ley precisa que no se aplicará a territorios indígenas u originarios reconocidos, ni a predios en disputa legal, organizaciones indígenas advierten que su aplicación genera un precedente que pone en riesgo los derechos colectivos sobre tierras ancestrales. “Este es un nuevo ataque que da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinas”, sostuvo Aidesep en un pronunciamiento difundido esta semana.
Riesgos legales y territoriales
Aidesep argumenta que la ley promueve el despojo territorial, formalizando miles de predios que se superponen a los territorios comunales, legaliza ocupaciones informales y permite la fragmentación de territorios comunales. Desde su perspectiva, esto vulnera el derecho a la propiedad y posesión ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La medida legaliza el despojo territorial sistemático y vulnera nuestros derechos a la posesión y propiedad sobre los territorios ancestrales. Aún a falta de título por omisión del Estado, mantenemos nuestro derecho a la propiedad territorial”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, la organización recordó que el artículo 89 de la Constitución garantiza la imprescriptibilidad de los territorios comunales, lo que impide que el paso del tiempo legitime ocupaciones de terceros. Según Aidesep, el Estado tiene la obligación de culminar los procesos de titulación antes de habilitar cualquier cesión o formalización de tierras.
Falta de consulta previa
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la ausencia de un proceso de consulta previa. Aidesep sostiene que, al tratarse de una norma que puede afectar derechos colectivos, debió activarse el mecanismo de consulta previsto tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales.
“Cualquier medida legislativa que afectará derechos de pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa, libre e informada”, afirmó la organización, citando sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Reacciones y próximos pasos
La organización considera que esta norma forma parte de una tendencia más amplia que debilita los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el Perú. En ese sentido, cuestionó no solo al Congreso, sino también al Ejecutivo y al conjunto del sistema estatal. “Esta no es una medida aislada sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada (…) contraviniendo el marco normativo nacional y los tratados internacionales que el Estado ha suscrito”, indicó Aidesep.
Ante esta situación, la organización anunció que recurrirá a todas las instancias posibles para frenar la aplicación de la norma. “Seguiremos defendiendo nuestros territorios ancestrales y acudiremos a las últimas instancias para derogar esta y otras leyes antiderechos”, afirmaron.
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